¿Cuánto Estado quieren los latinoamericanos?

La profunda crisis económica que se desató en 2008, y cuyos efectos siguen haciendo estragos, puso una vez más en el centro de la escena la cuestión del Estado. En Estados Unidos y Europa, principales afectados, las discusiones surgidas al respecto de qué Estado queremos, podemos y debemos se saldaron con desenlaces opuestos. En el gigante del norte, el enfrentamiento se resolvió con la reelección del demócrata Barack Obama a la presidencia, que implicó la apuesta por una política de crecimiento y protección social frente a la alternativa republicana de reducción del Estado al mínimo. En Europa, en cambio, las políticas de austeridad y ajuste han ganado definitivamente el pulso bajo el predominio de los conservadores y la centro-derecha, y han provocado numerosas movilizaciones en toda la región.

El papel del Estado se convierte en el punto crucial del debate, dividiendo a aquellos que favorecen la disciplina fiscal férrea y el achicamiento del Estado de Bienestar, de quienes son partidarios de una lógica más orientada al crecimiento y de la puesta en práctica de políticas anticíclicas. Con este telón de fondo, y aunque todavía quedan numerosos desafíos que enfrentar, América Latina puede alegrarse de haber salido relativamente ilesa de la embestida de esta crisis. Pese a esto, el debate sobre el papel del Estado tiene también una relevancia indudable en la región.

Desde el retorno de la democracia durante la “tercera ola”, los países han llevado a cabo diversas reformas políticas y económicas con la pretensión de consolidar regímenes democráticos. Tarea en la que aún quedan asignaturas pendientes, entre ellas, la redefinición del papel del Estado. En sus últimos informes, la Comisión Económica para América Latina [CEPAL] señala que los ingresos fiscales han aumentado en América Latina, lo que, junto con la disminución del pago de intereses de la deuda, ha generado posibilidades de nuevas iniciativas en política económica: la inversión y el gasto público recuperan espacios. Destaca especialmente el esfuerzo en el gasto social, que crece en todas sus partidas: educación, seguridad y asistencia social, salud y vivienda.

En este marco, recientes investigaciones dan cuenta de cuál es el Estado que prefieren los latinoamericanos. La Encuesta de 2012 del Barómetro de las Américas, llevada a cabo por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina [LAPOP, por sus siglas en inglés], de la Universidad de Vanderbilt, revela que los latinoamericanos quieren y apoyan más y mejor Estado, es decir, un Estado más presente y más eficiente en la administración del gasto público.

¿Qué, cómo y cuánto… Estado?

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De acuerdo a los datos de LAPOP, pese a que el 43% de los ciudadanos latinoamericanos entrevistados piensa que el gobierno está haciendo muy poco para combatir la pobreza y que no está manejando bien la economía, en términos generales, los latinoamericanos son muy partidarios de la intervención del Estado en diversos ámbitos de la vida social y económica. A la hora de establecer prioridades entre las áreas en las que el gobierno debería aumentar la inversión, consideran como fundamental la educación (44,9%), la salud (17,5%), la ayuda a los pobres (11,9%) y la vivienda (8,2%)[1]. De manera ilustrativa, se incluyen a continuación dos gráficos que permiten ver el contraste de opiniones sobre el grado de intervención del Estado que existe entre América Latina y Estados Unidos.

Imagen2Imagen3                                                                                                  Los datos muestran que aunque los estadounidenses apoyaron en las últimas elecciones la alternativa de un Estado presente en la recuperación tras la crisis, la cultura de defensa de las libertades individuales y de protección frente a las intromisiones del gobierno sigue influyendo su postura ante a la intervención estatal. El 42,8% de los estadounidenses encuestados se mostró partidario de un Estado poco interventor, aunque esta postura varía según el ámbito de actuación. No sorprende que, en el contexto de crisis y empeoramiento de las condiciones de vida de muchos ciudadanos en el país, el 43% de los encuestados se declare a favor de que sea el Estado el responsable de reducir las desigualdades. Además, teniendo en cuenta la reciente reforma sanitaria llevada a cabo por el presidente Obama -conocida como Obamacare- cabe destacar que el 42,8% está de acuerdo con que el Estado sea el principal proveedor de los servicios de salud.

En el debate entre Estado y sector privado, los latinoamericanos se muestran claramente partidarios de un Estado que cumpla con un rol activo y que asuma responsabilidades en varios ámbitos. A la frase sobre “El Estado, más que el sector privado, debería…”, los ciudadanos entrevistados responden:

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Imagen6Imagen5Imagen7Imagen8djfñdlsajfñlasdjfñldsajfñljfdjñffhasdhfñdsHFÑLSADÑFKLSADJFÑALSD En estos cinco ámbitos, los que están muy de acuerdo con la intervención del Estado superan ampliamente a los que se manifiestan en total desacuerdo. Y no sólo eso: prácticamente la mitad de los encuestados se concentra -con excepción de la opinión respecto de la propiedad de las empresas- en el extremo de mayor apoyo a que el Estado asuma la iniciativa, especialmente en salud, empleo y la lucha contra la desigualdad.
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Por la parte que nos toca…

Resultan interesantes las conclusiones que se pueden obtener cuando el foco gira hacia el papel de los contribuyentes. Al preguntárseles cuánto deberían pagar en impuestos las personas según su posición económica, casi el 60% de los latinoamericanos se decantó por una opción que correspondería a una clara política fiscal progresiva. Según los ciudadanos, por cada 100 unidades monetarias de ingreso, así debería distribuirse lo que paga cada uno:

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Pese a que existe una notable diferencia de porcentajes, resulta interesante apuntar que tanto en América Latina como en Estados Unidos la opción que más apoyo recibe por parte de los ciudadanos (entre las ofrecidas en la encuesta) es la que más claramente implica progresividad fiscal. No obstante, hay que señalar que aproximadamente el 35% de los estadounidenses no se decantó por ninguna de las alternativas disponibles, manifestándose partidario de “Otra combinación” en términos de responsabilidades tributarias.

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Aún cuando los ciudadanos latinoamericanos reclaman un Estado presente y mayor inversión del gobierno en diversas materias sociales, están muy poco dispuestos a pagar más impuestos para financiar la actuación estatal en algunas de estas áreas prioritarias, como por ejemplo la mejora de la calidad de la educación pública y de los servicios de salud, o la extensión de los programas de asistencia social.

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En este sentido, la CEPAL subraya que “la manera en que el gobierno asigne los recursos públicos determinará su capacidad para demandar ingresos a los contribuyentes […] Esta legitimidad debe construirse desde el propio Estado, mediante el uso de instrumentos transparentes y participativos de planificación.” La desconfianza que muchos ciudadanos han desarrollado en relación a la gestión de los recursos públicos, y el escepticismo extendido en cuanto a la posibilidad de que una mayor presión tributaria implique una mejor provisión de servicios, dificultan la disposición de los ciudadanos a apoyar un nuevo pacto fiscal. En este sentido, como se mencionaba al inicio, el 43% de los encuestados no cree que el gobierno esté manejando bien la economía. Además, en relación con los servicios públicos, el 77,4% considera que la calidad de la educación pública – primaria y secundaria – es regular o mala, y lo mismo opina el 78,3% respecto a la salud pública.

¿El Estado interventor es patrimonio de la izquierda?

Mientras que en Estados Unidos la ideología sí marca las diferencias -con los liberales situándose claramente más a favor de la intervención del Estado en la economía y la sociedad que los conservadores- en América Latina, la alta concentración de casos en el extremo muy favorable a la presencia del Estado deja poco lugar a diferencias entre personas situadas a la izquierda y a la derecha de la dimensión ideológica. Esto significa que al menos en América Latina la intervención del Estado no es patrimonio exclusivo de la izquierda.

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Conclusión

El análisis deja una conclusión ineludible: los latinoamericanos quieren y apoyan un Estado que intervenga en diversos ámbitos de política pública: la salud, la creación de empleo, la propiedad de empresas importantes, la lucha contra la desigualdad y la garantía de bienestar para los ciudadanos. Además, se muestran mayoritariamente favorables a una política fiscal de corte progresivo. Ahora bien, mientras esperan mayor presencia del Estado, son reacios a contribuir con un mayor aporte en la financiación del Estado. Esto podría estar estrechamente unido con la desconfianza que muestran hacia los gobiernos respecto a su capacidad de gestionar de manera eficiente y transparente los recursos públicos. Una cuestión que no es menor y que merece un análisis aparte.

 


[1]    Mientras que para el resto del análisis, la muestra incluye 17 países de América Latina, tanto en esta pregunta como en las relacionadas a la política fiscal, a la disposición a pagar más impuestos y a las opiniones sobre la calidad de los servicios públicos, la información está restringida sólo a una serie de países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Uruguay.

Acerca de Verónica Álvarez

Verónica Álvarez es investigadora FPU en el Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca.

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5 respuestas a ¿Cuánto Estado quieren los latinoamericanos?

  1. Anibal 22 marzo, 2013 at 2:49 #

    Excelente post! Llama la atención la comparación de las preferencias de intervención estatal entre los encuestados de diferentes posiciones ideológicas en América Latina y Estados Unidos. Las preferencias en América Latina parecen muy homogéneas en todos los sectores ideológicos, mientras que Estados Unidos aparece como una sociedad polarizada. Esto sugiere que las políticas públicas deberían ser estables en América Latina, en donde cualquier persona en el poder debería tener preferencias similares, y fluctuar mucho más en Estados Unidos (dependiendo de quién llegue al gobierno). Pero curiosamente el patrón histórico parece ser el inverso, con una volatilidad mayor en la orientación ideológica de las políticas en América Latina que en Estados Unidos.

    • Verónica 24 marzo, 2013 at 15:28 #

      ¡Muchas gracias, Anibal! A mí también me llamó mucho la atención, sobre todo el hecho de que en América Latina las preferencias fueran tan homogéneas. Además, en el caso de Estados Unidos, también se ve una distribución bastante menos concentrada de las opiniones sobre qué tipo de “carga fiscal” debería imponérsele a los contribuyentes según sus ingresos. En América Latina, una vez más, la gente parece estar bastante de acuerdo (aunque esto no ha significado que haya sido más “fácil” avenzar en el debate sobre las reformas fiscales en la región).
      Estuve buscando los datos para incluirlos en los comentarios, pero respecto a la estabilidad de las preferencias, hace un tiempo había mirado qué pasa en el caso de los legisladores (a través de las encuestas del PELA). No son exactamente las mismas preguntas, pero sí se plantean cuestiones de intervención, y al menos en los datos que yo recuerdo (quizás hace dos años), las opiniones entre los diputados estaban más repartidas que lo que se ve en términos de opinión pública.

  2. Daniela Vairo 21 marzo, 2013 at 15:15 #

    Simplemente felicitar a Verónica, me pareció muy bueno su post!

  3. Mara Pegoraro 21 marzo, 2013 at 0:55 #

    Antes que nada quisiera señalar el excelente post de Verónica y el análisis riguroso que muestra respecto a la contradicción latinoamericana: más estado pero no más impuestos. Asimismo el análisis detallado de datos y la comparación con los Estados Unidos permite al lector obtener una perspectiva más amplia.

    Lo que en verdad motiva el presente comentario es la pregunta que la autora deja abierta respecto a la paradoja latinoamericana y a la desconfianza que los ciudadanos de los países de América Latina tienen respecto al buen destino que se haría de los recursos públicos si se aumentara el nivel de ingresos fiscales. Es decir, que efectivamente más impuestos redundarán en mejores y mayores servicios públicos. En esa línea me interesa señalar que el debate se imbrinca entonces con el tipo de democracia que caracteriza a los países latinoamericanos, aquella que O´Donnell llamo Democracia Delegativa. Donde el atributo republicano ausente explica, en parte, la baja calidad que ofrecen las democracias en la región. Sin embargo, el problema no es solo a nivel de las instituciones políticas, sino que se vincula directamente con el tipo de ciudadano – si se me permite la expresión – que demanda al Estado pero no se compromete con la política y escoge delegar antes que participar y fiscalizar. Ciudadanos que abdican de su rol y responsabilidad respecto a la suerte que corren sus democracias, las instituciones y por ende el Estado en el que viven y las capacidades que éste tiene para dar respuesta a las demandas y responsabilidades.

    En esta línea algunos datos provistos por LAPOP en su Informe “Cultura política de la democracia, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles: Informe sobre las Américas” resultan interesantes. La encuesta contempla dos preguntas que refieren a la responsabilidad de los ciudadanos: ¿Quién de los siguientes es el principal culpable de la crisis económica actual en nuestro país? y ¿Hasta qué punto los ciudadanos tienen la responsabilidad de la economía del país?
    Frente a quien es el principal responsable solo el 13% indicó que los ciudadanos tienen responsabilidad pero los mayores culpables son el gobierno presente y el anterior. Si se desglosa el resultado por regiones se observa que en América del Sur apenas el 10,4% reconoce responsabilidad ciudadana

    Tal vez podamos encontrar alguna respuesta si además de evaluar percepciones sobre crisis económica que afecta la calidad de vida de forma directa en los ciudadanos, incluimos preguntas que apunten a conocer cuan responsables creen los ciudadanos que son respecto al tipo de Estado que tienen.

    • Verónica 21 marzo, 2013 at 12:03 #

      Muchas gracias, Mara, por tu comentario. Y me parece muy interesante tu observación, y muy certera. La desafección política, que muchas veces se entiende como un síntoma de erosión de la legitimidad de la democracia, creo que también se puede entender como signo de esa abdicación de nuestra responsabilidad ciudadana. Al final del post queda planteada la cuestión de hasta qué punto esa reticencia a “asumir el costo” de un Estado de Bienestar más eficiente y con mejores servicios tiene que ver con el escepticismo que los latinoamericanos manifiestan ante la capacidad de los Estados de gestionar los recursos de forma transparecen y efectiva. Creo que este es un tema central, que sí está totalmente asociado a la confianza en las instituciones. Pero como bien señalás, creo que hay otro factor clave que, si tenemos en cuenta las teorías sobre capital social, también influye: los latinoamericanos no confían en las instituciones pero tampoco confían en sus conciudadanos. Y, en mi opinión, esto es parte de la explicación de su escasa implicación en la deliberación de los asuntos públicos y en la tendencia a desvincularse de sus responsabilidades como actores políticos dentro de una democracia. Quizás esto es producto de la decepción que provocó la distancia entre las expectativas que generó la vuelta de la democracia y la evaluación de los resultados reales de los regímenes democráticos. Pero, y aunque esto no es generalizable a todos los ciudadanos, también hay una actitud un tanto free-rider en esperar que las cosas mejoren sin tener que invertir nuestros propios recursos (dinero, tiempo, esfuerzo cognitivo, etc.) en ello.

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