De indignados a políticos: España y las tres fracturas

La vida política española cumple seis meses de una inusual andadura. Obligada a unas insólitas elecciones anticipadas por no haberse logrado formar gobierno por primera vez desde la recuperación de la democracia en 1977, el acomodo de las diferentes fuerzas políticas a la nueva situación está resultando tan complejo como cabía esperar. Acostumbrada a un tipo de quehacer político de características mayoritarias se mueve ahora en un escenario de incertidumbre clásico de las democracias de consenso del norte de Europa en las que los manejos para configurar alianzas que den cierta estabilidad a los gobiernos se toman varios meses. De pronto, España aparece como un caso más en la lógica de los sistemas parlamentarios con sistemas de partidos muy fragmentados y de vocación minoritaria. Estas notas pretenden explicar cómo se ha llegado a esta situación, qué características tiene y qué escenario se da hoy.

Es bien conocido el hecho de que el sistema montado tras las elecciones de junio de 1977 y la elaboración de la Constitución el año siguiente conformó un escenario preponderantemente bipartidista gracias al sistema electoral muy poco proporcional y a la dinámica gobierno-oposición generada que consolidó a dos grandes formaciones. Tras los balbuceos del primer lustro estas dos formaciones fueron el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Entre 1982 y 2015 fueron los partidos que tuvieron la capacidad por sí solos de formar gobiernos monocolores. En ese lapso el PSOE estuvo veinte años en el poder y el PP doce. No todos fueron periodos de mayoría absoluta, pero en los que no la alcanzaron su fortaleza legislativa fue tal que el pacto con fuerzas minoritarias, sin que estas nunca entraran en el gobierno, asentó cómodamente la gobernabilidad del Estado.

Paralelamente, la política española confrontó el tema territorial a través de la puesta en marcha de una estructura de Comunidades Autónomas mediante la que pretendió satisfacer viejas demandas, fundamentalmente de Cataluña, Euskadi y Galicia, que habían sido reprimidas tras el golpe de Estado de julio de 1936 y la subsiguiente guerra civil (1936-39). La solución tomada fue la de diluir las pulsiones específicas de estos territorios que tenían vocación nacional, semánticamente, en el término de “nacionalidad” y, administrativamente, mediante una política de “café para todos” con otras regiones españolas. En el largo plazo, y como volveré más adelante, esto no hizo sino demorar el problema. El hecho de que la actividad terrorista de ETA tuviera una presencia mortal constante contribuyó a dificultar el proceso de profundización en las políticas autonómicas pues todo progreso en las mismas podría entenderse como un logro conseguido por las armas.

El tercer elemento que definió el panorama político español fue el proceso de adhesión a las Comunidades Europeas que culminó en 1986 y que supuso la europeización de la política española y la cesión de soberanía que terminaría conformando la Unión Europea y asumiendo los legados de la misma, entre ellos, el más importante, la adopción del euro como moneda. Un proceso ante el que la opinión pública y la política española siempre han mantenido una posición acrítica. Europa como “tema” no se ha politizado en el ámbito doméstico, incluso aunque durante la Gran Recesión las actitudes de los españoles hacia la UE empeoraron más que en ningún otro país.

Este escenario fue envejeciendo con el consiguiente desgaste de las instituciones, así como por la renovación demográfica de la sociedad española transformada por el relevo generacional y por el aluvión de cerca de 4 millones de emigrantes que llegó al país a partir de los últimos años del siglo XX. Cuando la crisis exógena de 2008 se suscitó y golpeó duramente a la economía española con una deuda interna privada muy elevada y un sector productivo muy vinculado al de la construcción, las consecuencias no se hicieron esperar en un contexto en el que, además, la atadura al euro dificultaba cualquier política monetaria clásica de reacción a la crisis internacional (devaluación).

En apenas tres años, que coincidieron con el segundo mandato de José Luís Rodríguez Zapatero, entre 2008 y 2011, con un gobierno incapaz de reconocer la Gran Recesión existente y auto convencido de tener un sistema financiero sano, la economía española perdió 2 millones de puestos de trabajo pasando la cifra de desempleados de 2,2 a 4,2 millones de personas, y aumentó la desigualdad en dos centésimas en el índice Gini. El gobierno socialista al alimón con el PP modificó la Constitución de forma express en el verano de 2011 (algo que en los 32 años anteriores solo se había hecho una vez por exigencia de los tratados de adhesión a la CE) para tranquilizar a los socios europeos en el sentido de que no se recurriría al déficit público para capear el temporal recesivo y se daría prioridad al pago de la deuda.

En coincidencia con la crisis económica, el Tribunal Constitucional aceptó parcialmente un recurso del PP contra un nuevo estatuto de autonomía de Cataluña, que había sido aprobado por el Parlamento catalán, reformado por las Cortes Generales y ratificado por un referéndum en la propia Cataluña. Ello supuso que la irritación de los sectores más nacionalistas llevara a la gente a la calle comenzando un proceso de movilización social que no se detendría en aquella Comunidad Autónoma en los cinco años siguientes.

En este estado de cosas las manifestaciones que catalizaron el descontento generalizado tuvieron como elemento dinamizador los comicios electorales municipales (y autonómicos para un gran número de Comunidades) de mayo de 2011. El 15 de mayo, una semana antes de la cita electoral, diversos movimientos sociales tomaron las plazas de buena parte de las ciudades más relevantes bajo la auto denominación de indignados. El epicentro lo constituyó la Puerta del Sol de Madrid y el nombre genérico por el que se conocerá este proceso será el de 15M.

El 15M reflejaba el deterioro del clima político que traducía la insatisfacción de que para casi un tercio de los españoles el principal problema que concebían era “la política y los partidos políticos”, siendo el tercero en el rango de importancia detrás del desempleo y los problemas de índole económico en general. Se trataba de una expresión ajena a los partidos de oposición que aglutinaba desde sectores afectados por la ejecución de hipotecas, a grupos de desempleados y a ciudadanos que se revelaban contra una clase política incapaz de confrontar la crisis generalizada que empezaba a impactar en políticas significativas del estado del bienestar como la sanitaria, la educativa o la recientemente implementada de dependencia.

Electoralmente el 15M tuvo un impacto significativo pues facilitó la llegada masiva del PP al gobierno de ayuntamientos y de Comunidades Autónomas toda vez que el electorado del PSOE se inhibió e Izquierda Unida no supo canalizar el descontento. Esta situación se repitió en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 que anticipó Rodríguez Zapatero al no poder aprobar los presupuestos generales para 2012 y al ser consciente de la pérdida de popularidad a que se enfrentaba su gobierno. La llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa propició la mayor concentración de poder de un partido político en la reciente historia española y facilitó la profundización de las medidas de austeridad ya iniciadas por su predecesor en un escenario en el que el Ejecutivo español adoptó un papel reactivo alineado con Berlín y en el que se dio la intervención en la sombra de la troika integrada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

Al deterioro de servicios públicos sustantivos y al hecho de que la mejora económica únicamente se hizo efectiva en términos macro del crecimiento del PIB sin que se mejorara significativamente la tasa de desempleo y se profundizara la deuda pública hasta llegar al 100% del PIB se unieron nuevos casos de corrupción. Si bien la corrupción durante los años precedentes no había dejado de estar presente comenzó a aflorar con una virulencia inusitada afectando sobre todo al partido en el gobierno pero también a la monarquía. El PP tuvo que confrontar un serio problema de financiación ilegal principalmente en dos de sus territorios más emblemáticos como eran la Comunidad de Madrid y la Valenciana y fue testigo del encausamiento de uno de sus iconos, Rodrigo Rato, todopoderoso vicepresidente con José María Aznar, director general del FMI y presidente de una de las Cajas de Ahorros, luego convertida en banco, más importantes del país. Por su parte, la monarquía vio cómo la imagen del rey Juan Carlos se deterioraba con motivo de la realización de un safari africano en plena crisis así como por los negocios poco transparentes del esposo de una de sus hijas. Este clima de corrupción incrementó el desasosiego ciudadano que se tradujo en el aumento de la desconfianza hacia la clase política tradicional.

Las elecciones europeas de mayo de 2014 fueron la estructura de oportunidades adecuada para que se iniciara el cambio político que la sociedad española alentaba y que identificaban ya los estudios de opinión pública. En ese instante, el período que se extendía entre 2008 y aquel año había supuesto la aparición de tres brechas en la sociedad española que se desarrollaban en un entorno definido por los efectos de la rampante globalización y el papel que había tomado Europa en la misma.

En primer lugar se daba una brecha generacional propiciada por los cambios demográficos habidos. Ello suponía que la generación nacida entre 1940 y 1955, que había protagonizado la transición política así como la política de las tres décadas siguientes, comenzaba a estar amortizada y se abría paso a una nueva generación que, de alguna manera, sobrepasaba a la generación nacida entre 1955 y 1970 que había estado a la sombra de la anterior. Quienes nacieron a partir de 1970, que además eran los más afectados por la crisis económica, demandaban actuaciones diferentes tanto en la forma como en el fondo.

La segunda brecha tiene que ver con el diseño de unas instituciones políticas que no se han tocado desde su puesta en marcha y que se mostraban obsoletas. Principalmente hay dos ámbitos que siguen reclamando la atención: la desproporcionalidad del sistema electoral que incorpora un umbral electoral efectivo muy alto para conseguir la representación por la excesiva sobre representación de provincias poco pobladas y en las que, además, su voto es claramente bipartidista (con sesgo hacia el PP); el segundo se refiere al encaje catalán en el Estado español. A ellos se podría añadir la redefinición del papel del Senado y la eliminación de la cláusula que penaliza a las mujeres para el acceso al trono.

Finalmente se daba un cuestionamiento de la división entre izquierda y derecha por otra que no solo la redefinía de acuerdo con supuestos postmodernos sino que pretendía recoger el escenario de la exclusión social gestado por la crisis en términos de arriba y abajo (la elite o casta frente a la gente común) o, si se prefiere, de adentro y afuera (inclusión o exclusión del sistema).

Este panorama configura el terreno donde se dirimieron las elecciones europeas de 2014 y que ha seguido profundizándose en los comicios municipales y autonómicos de 2015, en las elecciones andaluzas y catalanas de ese mismo año, y, finalmente, en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Las elecciones europeas constituyeron una estructura de oportunidades muy especial por poseer tres características muy peculiares: en primer lugar por ser comicios con distrito único, lo cual significa que la proporcionalidad es mayor y que todos los votos suman igual, con independencia del colegio electoral donde se emitan; en segundo lugar porque se puede hacer una campaña electoral única y centralizada, lo cual supone menos costo económico, pero también menos esfuerzo; y, finalmente, porque son entendidas por los electores como elecciones de segundo orden, facilitándose el voto expresivo – reducen el voto estratégico- y también se aviva el absentismo.

Los resultados trajeron el hecho inédito en la democracia española que los dos partidos mayoritarios recogieron menos de la mitad de los votos emitidos. Es decir se produjo una situación de menor concentración del voto en el PSOE y en el PP y mayor fragmentación con la aparición de dos partidos nuevos. Podemos asumía el legado del 15M, y obtenía el 8%, y Ciudadanos, una agrupación de origen catalán de centro-derecha, alcanzaba el 3%. El hecho de que dos partidos como IU y el centrista Unión Progreso y Democracia (UPyD) no lograran canalizar el desencanto de los votantes, alcanzando, respectivamente, el 10% y el 6,5% era una señal que validaba el valor de lo nuevo frente a lo que venía en señalarse como “vieja política”. Dentro de esta dinámica el factor más sobresaliente fue la articulación de la protesta social en Podemos que, además, se proyectaba con el añadido de tener un candidato cuya imagen potenciaba los activos de la oferta electoral. En efecto, Pablo Iglesias, un profesor universitario y comunicador que había construido poco a poco su imagen pública a través de diversos programas de debates en la televisión, ofrecía una cara novedosa, representante perfecta de la propuesta alternativa, a la que se juntaba una excelente capacidad discursiva y un alto grado de empatía sobre todo con los sectores más juveniles, aunque no únicamente. Su figura tuvo tanta popularidad que su foto constituyó el reclamo del partido en las papeletas electorales, circunstancia insólita en la vida política española.

Las duodécimas elecciones de la democracia española de diciembre de 2015 revalidaron estos cambios y supusieron una auténtica debacle para los partidos tradicionales. El gubernamental PP perdió 3,6 millones de votos y 63 escaños, mientras que el PSOE cedió 1,4 millones de votos y 20 escaños obteniendo el peor resultado de su historia reciente. El PP alcanzaba a tener 123 escaños mientras que el PSOE obtenía 90. Podemos se acercó a los 5,2 millones de votos (20,7%) lo que le reportaba 69 diputados y Ciudadanos alcanzó 3,5 millones de electores que representaba un porcentaje del 13,9% y que se traducía en 40 diputados. Posiblemente estos resultados en otros sistemas democráticos europeos de mayor abolengo habrían supuesto el inmediato abandono de la política de los dos líderes de los partidos tradicionales, pero esta circunstancia no aconteció, siguiendo la tradición de experiencias anteriores, la más reciente la acaecida en Cataluña tanto en 2012 como en 2015 cuando el líder gubernamental, Artur Mas,  no dimitió inmediatamente tras su fracaso electoral.

El panorama abierto a partir del 20D en el que se requerían tres partidos para alcanzar al menos los 176 votos en el Congreso necesarios para conseguir la presidencia del gobierno o dos partidos que lograran alcanzar una situación con más votos afirmativos que negativos en la segunda votación (lo que implicaba conseguir que un fuerte contingente de diputados se abstuviera) ha dominado desde entonces el quehacer político en un juego de cálculos sobre las intenciones del otro, la búsqueda de acuerdos mínimos, sin olvidar la exacerbación de los egos, con una fecha tope que era el dos de mayo. Al no alcanzarse ningún acuerdo la convocatoria de nuevas elecciones para el último domingo de junio es la solución institucional prevista.

A lo largo de los últimos seis meses se pueden constatar tres elementos de muy diferente naturaleza que planean sobre esta situación. Se trata de la falta de experiencia de la clase política, las dificultades de configurar un escenario bloquista, y la cuestión catalana. La inexperiencia de la clase política deriva de dos cuestiones: la primera está relacionada con la juventud política de tres de los cuatro líderes de los partidos más votados, juventud que no solo se refiere a la edad sino a su bisoña trayectoria política; en cuanto a la segunda, que me parece de mayor relevancia, tiene que ver con la reducida cultura del pacto en el ámbito estatal existente en España hasta la actualidad en lo concerniente a la conformación de gobiernos de coalición que pareciera ser la única salida plausible.

En la tradicional división entre izquierda y derecha, el panorama parlamentario español de las Cortes reunidas durante tres meses así como el derivado de las distintas encuestas de opinión pública muestra la existencia de dos bloques prácticamente equilibrados: el escorado a la derecha ha contado con 164 escaños (PP, Ciudadanos y minoría canaria) mientras que el escorado a la izquierda ha tenido 161 escaños (PSOE, Podemos y la antigua IU), entre medias quedaron fuerzas nacionalistas divididas en términos de este binomio (aunque con ligero sesgo a la izquierda). Con este bagaje la posibilidad de formar gobierno ha resultado imposible pues, además entra en liza el tercer elemento que tiene que ver con “el derecho a decidir” cuya puesta en marcha para propiciar el referéndum soberanista catalán es bloqueado por el PSOE.

Por otra parte, la conformación de un gobierno de coalición se está enfrentando a otros problemas de índole diferente. El primero tiene que ver con las tensiones que se dan en el seno de los tres grupos más numerosos. En el PP, un partido con una tradición de fuerte liderazgo y de notable control desde el mismo partido, se levantan voces reclamando la dimisión de Rajoy; facilitar mediante la abstención la elección de Sánchez con el compromiso de que este convocara elecciones en dos años para así tener tiempo para limpiar el partido ha sido una opción plausible pero rechazada. En el PSOE, los fuertes liderazgos/líderes de Andalucía y también de Extremadura y de Castilla La Mancha observan la actuación de Sánchez especialmente en sus relaciones con Podemos preocupados por la posibilidad de que éste pudiera tender la mano a la izquierda nacionalista catalana. En el grupo parlamentario de Podemos confluyen varias fuerzas que tienen procedencia regional muy distinta y que pueden llegar a cuestionar el liderazgo de Iglesias, además se trata de un partido que apenas si tiene dos años de existencia con una estructura territorial muy precaria, su acercamiento a IU abre un nuevo escenario. Finalmente hay que señalar que el PP ha tenido mayoría absoluta en el Senado lo que coarta la posibilidad de una reforma constitucional si no se cuenta con él.

Acerca de Manuel Alcantara Saez

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