Dilma en jaque: hacia un mecanismo resolutivo de la crisis política

¿Por qué, cuando se interrumpe una presidencia, algunos mandatarios renuncian y otros son removidos? En un estudio previo sobre crisis presidenciales (mimeo), se analiza 12 casos latinoamericanos que responden al «nuevo patrón de inestabilidad» (Pérez Liñán, 2009) para identificar las variables que influyen en la resolución del conflicto político en el marco del régimen presidencial, mediante dos mecanismos o patrones resolutivos: la renuncia y la destitución por parte del Congreso.[1] Del resultado del análisis se desprende que tres factores interactúan en esta dinámica compleja: (1) los poderes partidarios del presidente; (2) el desprestigio de la imagen pública; y (3) el calendario electoral.

Mientras se evalúa llevar al plenario el juicio político a la presidente Dilma Rousseff, los analistas discuten los posibles escenarios de salida a la crisis. Este artículo pretende contribuir a ese debate. Para ello, primero se presenta al lector los factores explicativos mencionados, y con el aporte de la literatura especializada se pondera su influencia en las salidas anticipadas. Posteriormente, se analiza el caso brasileño, destacando algunos aspectos fundamentales a la luz de estas tres variables. El trabajo concluye con una reflexión en torno los mecanismos resolutivos de las crisis presidenciales en general, y de la crisis brasileña en particular.

  1. La dinámica de los mecanismos resolutivos

En este apartado se introduce tres factores explicativos que según los especialistas moldean la relación Ejecutivo-Legislativo, y que entendemos interactúan también para definir la modalidad dicotómica de resolución de las crisis (la renuncia presidencial y la destitución legislativa).

En primer lugar, los poderes partidarios presidenciales. Las Constituciones ponen a disposición del Ejecutivo herramientas para gobernar -delimitan su «potencial» de poder-, pero en los hechos el mandatario puede no querer (o no poder) apelar al pleno uso de dichas facultades. De esta restricción surge el poder «real» que se asocia comúnmente a la «cantidad» de apoyo del presidente en el Congreso (la proporción de legisladores que avalan al Ejecutivo) y la «calidad» de ese apoyo (su fluctuación medida en términos de disciplina partidaria) (Mainwaring y Shugart, 1997; Rice, 1925; Shugart y Carey, 1992). Desde esta perspectiva, Mustapic (2005) y Pérez Liñán (2009) argumentan que los Ejecutivos con poderes fuertes, que cuentan con la protección de un «escudo legislativo», son los menos propensos a ser destituidos, mientras que los presidentes débiles tienen mayor exposición a la remoción del Congreso.

La segunda variable, el desprestigio de la imagen pública, resulta de la combinación más fuerte de tres elementos característicos de estas crisis: (a) el origen del deterioro de la imagen (el escándalo político, el affaire político o el desprestigio «incierto o aleatorio»); (b) la justificación legal de la destitución presidencial; y (c) el foco de la protesta social (en el presidente, en la clase política o la protesta con foco «esporádico y sectorizado»). De esta forma, el desprestigio puede afectar al presidente, a la clase política en general o puede tratarse de un desprestigio disperso.

Autores como Pérez Liñán (2009) y Waisbord (2002) subrayaron la importancia de la personificación del escándalo para desencadenar la destitución. Cuando además se comprueba la existencia de un móvil constitucional que cuestiona el derecho del presidente a gobernar, los legisladores ven al juicio político como el camino de salida a la crisis. Distintos son los escenarios de affaire político, donde la crisis de legitimidad cuestiona el desempeño de todas las instituciones democráticas (Yanai, 1990), afectando al presidente pero también al Congreso. Si por el contrario coexisten multiplicidades de demandas desarticuladas que varían en su contenido, el ciudadano damnificado ocupa el centro de la escena y desplaza al político.

Como afirma Peruzzotti (2006), la movilización que en consecuencia se precipita incrementa aún más el grado de amenaza que la denuncia representa para los actores involucrados, de modo que las protestas contra el presidente retroalimentan el impeachment presidencial, mientras que las dirigidas a la clase política y las esporádicas o sectorizadas -donde no se verifican acusaciones concretas hacia alguien por algo– restringen el rol protagónico del Congreso para mediar la salida.

Por último, el calendario electoral. Un postulado ampliamente aceptado considera que el comportamiento de las élites partidarias responde a sus perspectivas de éxito, y que la posibilidad de ser elegidos (o re-elegidos) constituye la base de la elección racional de los legisladores (Mayhew, 1974; Rohde, 1979). Si se considera que el costo político de cualquier medida adoptada y su impacto ante la opinión pública varían conforme al horizonte electoral, se ve que esta variable tiene un efecto lineal sobre la conducta de los actores políticos.

Aunque motivadas por estrategias e intereses diferentes, las élites oficialistas y opositoras terminan actuando en una misma dirección. Tanto en contextos electorales que las predisponen a la destitución (así se desligan del mandatario impopular y mejoran su proyección de éxito frente a la ciudadanía disconforme), como en contextos no electorales que mitigan el oportunismo político e imprimen cautela a su comportamiento, dejando «caer» al presidente por su propio peso.

Aunque el análisis de las configuraciones causales excede el objeto del artículo, numerosos casos[2] evidencian que el efecto aislado de estos factores no permite explicar los desenlaces presidenciales. Es por tal motivo que se propone un abordaje combinado para comprender la dinámica de los mecanismos resolutivos.

  1. La (potencial) salida de Rousseff: ¿quién la digita?

En esta sección se presenta los valores que adoptan las variables analizadas para el caso de Dilma Rousseff, y se observa cómo interactúan y se combinan para desencadenar, eventualmente , el mecanismo resolutivo de la crisis.

2.a. Los poderes partidarios presidenciales

Dilma asumió su segundo mandato con poco más del 60% del apoyo del Congreso: 58 bancas del Partido dos Trabalhadores (PT), 65 del Partido do Movimento Democrático do Brasil (PMDB) y 198 bancas más de los restantes partidos de la coalición[3]. Pero las salidas de su principal aliado, el PMDB del vicepresidente Michel Temer, y del Partido Progressista (PP) de Ciro Nogueira con sus 52 diputados, redujeron notablemente el margen de maniobra y negociación de la primera mandataria con su Congreso.

2.b. El desprestigio de la imagen pública

A mediados de marzo, en tan sólo 24 horas, más de 3 millones de brasileños se movilizaron en 430 ciudades para repudiar los escándalos de corrupción de la «Operação Lava Jato[4]» y exigir medidas que contrarresten la delicada situación de un país que contrajo su economía un 4%. Vistiendo de verde y amarillo, con representaciones y marionetas, la ciudadanía agitó la bandera nacional para gritar «¡Fora Dilma!», «¡Fora Lula!», «¡Fora PT!» y «¡Fora corrupção!».

Cuando el índice de aprobación al gobierno se desplomó a un 13% (Datafolha, 2016), los legisladores indecisos reactivaron el enjuiciamiento por «crímenes de responsabilidad», procedimiento estancado en Diputados desde el mes de diciembre gracias al escudo legislativo que para entonces tenía la coalición del PT. Aunque el foco de la protesta se amplió progresivamente a la clase dirigente, el escándalo político y la justificación de la destitución sustentada en el artículo 52 de la Constitución evidenciaron un tipo de desprestigio que impactó directamente en la figura presidencial.

2.c. El calendario electoral

Si bien no ha sido hasta el momento un factor decisivo en el accionar del Congreso, las elecciones municipales previstas para octubre de este año, y el debate en torno a la posibilidad de adelantar las presidenciales como alternativa para salir del impasse, rescatan la importancia de esta variable. Tanto para la oposición, que pretende capitalizar el descontento del electorado con el desempeño del PT, como para un sector reducido del oficialismo, que se muestra dispuesto a «soltar» a la presidente para evitar la exposición pública del juicio y sacar al partido algo más aireado de la crisis.

Reflexión final

La evidencia empírica muestra que los presidentes que conforman mayorías legislativas, que se mantienen alejados del escándalo y que no están inmersos en contextos electorales son más propensos a renunciar. Y por el contrario, que los Ejecutivos que marginan a los legisladores en lugar de gobernar con ellos, que se ven afectados por hechos de ilegalidad gubernamental y que están inmersos en escenarios electorales, constituyen en un blanco fácil de derribar para un Congreso con intención (y capacidad) para hacerlo.

Este último parecería ser el caso de Dilma Rousseff, otra presidente «desafiada» en el poder. Aunque su destino es todavía incierto, se intuye que la pérdida de apoyo en la cámara de Diputados, el avance de la investigación en curso y la herramienta de negociación de las elecciones anticipadas reforzará el rol del Congreso para intervenir proactivamente en la resolución del conflicto. Y es que así vuelve a sugerirlo la evidencia. Faltando un par de días para el cierre de la votación en la comisión especial de la cámara de Diputados, 332 miembros (de los 342 requeridos) se pronunciaron a favor del impeachment presidencial (Folha de São Pablo, 2016) como mecanismo resolutivo de la crisis que desvela a Brasil.

 

Referencias

Câmara dos Deputados: camara.leg.br

Folha de São Pablo: folha.uol.com.br

Instituto de Investigación Datafolha: datafolha.folha.uol.com.br

Mainwaring, Scott y Shugart, Matthew (1997) Presidentialism and Democracy in Latin America. Cambridge. Cambridge University Press.

Mayhew, David (1974) Congress: The Electoral Connection. New Haven. Yale University Press.

Melo, Carlos y Santos, Manoel (2013) “And the ship sails on: Brazil under Dilma Rousseff” en Revista de Ciencia Política, Vol. 33, N° 1, pp. 55-81.

Mustapic, Ana María (2005) “Inestabilidad sin colapso. La renuncia de los presidentes: Argentina en el año 2001” en Desarrollo Económico, Vol. 45, N° 178, pp. 263-280.

Pérez Liñán, Aníbal (2009) Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

Peruzzotti, Enrique (2006) Enforcing the Rule of Law. Social Accountability in Latin America. Pittsburgh. Pittsburgh University Press.

Ragin, Charles (1987) The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley. University of California Press.

Rice, Stuart (1925) “The Behavior of Legislative Groups: A Method of Measurement” en Political Science Quarterly, Vol. 40, N° 1, Marzo, pp. 60-72.

Rohde, David (1979) “Risk-Bearing and Progressive Ambition: The Case of Members of the United States House of Representatives” en American Journal of Political Science, Vol. 23, N° 1, pp. 1-26.

Shugart, Matthew y Carey, John (1992) Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Nueva York. Cambridge University Press.

Waisbord, Silvio (2002) “Interpretando los escándalos: Análisis de su relación con los medios y la ciudadanía en la Argentina contemporánea” en Peruzzotti, Enrique y Smulovitz, Catalina (Eds.) Controlando la Política: Ciudadanos y Medios en las Nuevas Democracias. Buenos Aires. Editorial Temas.

Yanai, Nathan (1990) “The Political Affair: A Framework for Comparative Discussion” en Comparative Politics, Vol. 22, N° 2, pp. 185-198, Enero.

 

 

[1] El análisis es ampliamente desarrollado en un artículo que verá la luz en el siguiente número de la revista América Latina Hoy.

[2] Existieron presidentes con iguales poderes partidarios y modalidades de salida distintas (Siles Suazo y Collor de Mello, o Pérez y Duhalde); mandatarios destituidos con y sin escándalos de corrupción (Collor y Pérez, o Cubas Grau y Lugo); protestas con foco en el presidente que resultaron en su destitución (Collor, Pérez y Bucaram), movilizaciones contra la clase política que desencadenaron renuncias (De la Rúa, Duhalde, Sánchez de Lozada y Mesa), y protestas esporádicas y sectorizadas compatibles con ambos tipos de salida (Siles Zuazo y Alfonsín, o Lugo); o bien contextos electorales que favorecieron el accionar proactivo y reactivo del Congreso (Collor, Pérez y Lugo, o Duhalde y Mesa) ycontextos no electorales donde se verificaron renuncias y destituciones (Alfonsín, De la Rúa y Sánchez de Lozada, o Bucaram y Cubas Grau).

[3] La coalición la componen también el Partido da República (PR), Partido Social Democrata (PSD), Partido Republicano da Ordem Social  (PROS), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Ecológico Nacional (PEN), Partido Progressista (PP), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Social Cristão (PSC) y Partido Humanista da Solidariedade (PHS)

[4] La «Operação Lava Jato» o «Petrolão» refiere al proceso de investigación iniciado en el mes de marzo de 2014 a raíz de un supuesto esquema de lavado de dinero que, utilizando una red de lavanderías y estaciones de servicio para circular los valores de origen ilícito, habría logrado movilizar alrededor de 10.000 millones de reales brasileños, involucrando a reconocidos empresarios y funcionarios políticos de alto rango.

Acerca de Cecilia Aversa

Investigadora de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)
Aún no hay comentarios

Deja un comentario