El genocidio en Guatemala: Usando el sistema legal para derrotar a la justicia*

El 10 de mayo de 2013, después de 30 años de impunidad autorizada por el Estado, las víctimas de violencia militar durante la guerra civil guatemalteca -que duró otros 30 años- tuvieron un breve alivio, cuando el ex presidente de facto general José Efraín Ríos Montt fue condenado por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. La jueza Jazmín Barrios, quien presidió el caso, revocó el arresto domiciliario de Ríos Montt y le mandó de inmediato a la cárcel para cumplir su condena por unos 80 años.

A pesar de ello, la impunidad tiene una peculiar manera de contraatacar en Guatemala. Solo 10 días después del fallo histórico, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó sin efecto el veredicto contra Ríos Montt y anuló todos los procedimientos judiciales que habían ocurrido antes del 19 de abril, cuando el juicio estaba cerca de terminar. En teoría, esto significa que todo el testimonio de cargo que fue escuchado desde el comienzo del juicio desde el 19 de marzo hasta el 19 de abril sigue siendo válido, y solo es necesario escuchar a algunos testigos de la defensa antes de que comiencen una nueva serie de alegatos finales y los jueces sopesen la evidencia y anuncien una nueva decisión.

No obstante, en la práctica, es probable que la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala requiera un juicio nuevo. Los jueces del Tribunal que presidieron el caso no tuvieron más opción que recusarse—lo cual hicieron el 27 de mayo—porque ya habían emitido una opinión en el caso y no serían percibidos como imparciales. Una vez que se constituya un nuevo Tribunal es probable que pretenda iniciar el juicio nuevamente desde el principio. Esto sería una  grave denegación de justicia para las víctimas, ya que significaría que casi 100 víctimas que ya testificaron—corriendo un gran riesgo personal—serían llamadas a testificar otra vez.

Aunque el Presidente Otto Pérez Molina ha asegurado públicamente que el juicio por genocidio es una demostración de que el Estado de Derecho es sólido y la independencia judicial es segura, nada más alejado de la verdad. La anulación parcial del proceso por genocidio no es resultado de una violación legítima del debido proceso, sino de las manipulaciones del sistema legal diseñadas para anular el veredicto de culpabilidad y negar la justicia a las víctimas de la violencia patrocinada por el Estado.

El obstruccionismo como estrategia legal

La principal estrategia legal del equipo defensor de Ríos Montt no era entablar un debate sustancial sobre el pasado, sino retrasar los procedimientos e impedir que lleguen a una conclusión. La acusación construyó meticulosamente su caso a lo largo de veinte audiencias, durante las cuales el Tribunal escuchó al testimonio de casi 100 testigos y sobrevivientes, además de más de dos docenas de peritos. Sin embargo, las tácticas y los esfuerzos de la defensa para impedir que el Tribunal avanzase y llegase a una conclusión fueron evidentes desde el inicio del proceso.

El 19 de marzo, el primer día del juicio, los jueces rechazaron varias peticiones que presentó la defensa con objeto de retrasar el inicio del juicio y el tribunal se declaró en sesión. El mismo día, el equipo legal que duramente mucho tiempo había acompañado a Ríos Montt, renunció al caso y se contrató a Francisco García Gudiel para defender al General. García Gudiel es conocido por sus tácticas obstruccionistas y, ese día, estuvo a la altura de su reputación. Él jurista presentó varias mociones que fueron rechazadas por el Tribunal, incluyendo un intento de recusar a dos de los tres jueces y obligarles a retirarse del caso, porque pretendió tener cierta enemistad con la Jueza Barrios y amistad con el Juez Pedro Xitumul.

La ley guatemalteca prohíbe que un abogado se encargue de un caso si tiene conflictos de interés con algunos de los jueces. En repuesta al antagonismo de García Gudiel, el Tribunal lo expulsó del caso y ordenó que los abogados del co-acusado de Ríos Montt asumieran la defensa legal del General durante el resto del primer día. El Tribunal le informó a Ríos Montt que podía invitar a cualquier de sus abogados anteriores, o a cualquier otro abogado, para representarle ese día o en los días siguientes. En caso de que no lo hiciera, se le asignaría un defensor público. Al día siguiente, y a lo largo de la semana, los abogados anteriores de Ríos Montt regresaron a la Sala de Audiencias para representarlo. Los abogados de Ríos Montt presentaron varios recursos de amparo que resultaban de esta serie de eventos y alegaban que se había violado el derecho del General al debido proceso. Estos amparos se convirtieron en el pretexto para fundamentar la decisión de la Corte de Constitucionalidad de retroceder el reloj del juicio al 19 de abril.

Somos profundamente escépticos respecto a que el derecho a su defensa de Ríos Montt estuviera realmente en peligro. Muchos observadores legales sostienen que la Jueza Barrios tenía todo el derecho de despedir a García Gudiel dada su intransigencia y conducta abiertamente desafiante en la Sala de la Audiencia—conducta que se sanciona raramente en Guatemala—así como su afirmación de que tenía un conflicto con dos de los tres jueces del panel. Además, el abogado de su codefensor sólo representó medio día a Ríos Montt. Luego regresó su equipo legal. Por otra parte, el Tribunal reincorporó a García Gudiel, desestimó el testimonio de ese medio día y volvió a leer el acta de acusación a Ríos Montt, como resultado de una decisión del Tribunal de Apelación y de la Corte de Constitucionalidad durante el curso del juicio que obligó al Tribunal a hacerlo. El Tribunal del juicio incluso volvió a oír los argumentos de García Gudiel respecto a que los dos jueces debían ser descalificados y rechazó estos argumentos para continuar el juicio con el mismo panel de tres jueces y con García Gudiel como abogado de Ríos Montt.

Al final, la decisión de la Corte de Constitucionalidad del 20 de mayo no fue exactamente sobre el tema de la supuesta violación del debido proceso sino sobre una cuestión de procedimiento. ¿Debería el Tribunal haber suspendido las audiencias en anticipación de una apelación completa de esta moción para descalificar a los jueces antes de concluir con el juicio? La Corte de Apelaciones, antes de emitir el veredicto, manifestó que estaba satisfecha con el remedio del Tribunal. La Corte de Constitucionalidad, el 20 de mayo, había manifestado que la Corte de Apelaciones se había equivocado y se requería una revisión completa del proceso.

Los abogados defensores de Ríos Montt pusieron deliberadamente en peligro su defensa en un intento de retrasar y sabotear el proceso. El equipo de defensa de Ríos Montt estaba participando en lo que los guatemaltecos llaman “litigio malicioso” o “tácticas legales poco éticas”. El equipo de defensa de Ríos Montt ha realizado movimientos legales para desbaratar el proceso judicial y las Cortes de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad lo han permitido. Los esfuerzos por recusar a los jueces al principio del juicio representan un ejemplo así como también la decisión de los abogados de la defensa de abandonar la sala durante el juicio, en contra de las órdenes explícitas del juez.

Este tipo de comportamientos tiene precedentes en Guatemala. El uso frívolo e impropio de mociones legales y el sistema de amparo está bien documentado. De hecho, en su sentencia en el caso de Myrna Mack, la Corte Interamericana de Derechos Humanos criticó a Guatemala por permitir este tipo de comportamiento poco ético. De hecho, los abogados defensores de Ríos Montt declararon abiertamente su intención de presentar todas las mociones legales que fueran necesarias para retrasar el proceso y evitar que el tribunal del juicio emita un veredicto. Al no lograrlo, después de que el veredicto fue emitido el 10 de mayo, se buscó que se volcó. El hecho de que el sistema de justicia permite esto es un síntoma de problemas subyacentes graves en el Estado de Derecho en Guatemala.

Voces disidentes en la Corte de Constitucionalidad

El fallo del 20 de mayo de la Corte de Constitucionalidad ha sido cuestionado, especialmente, por los dos jueces autores de opiniones divergentes en la decisión. Los Jueces disidentes—Mauro Chacón y Gloria Porras—afirmaron que el mecanismo adecuado para remediar cualquier presunta violación después de la emisión de una sentencia es una apelación a través de los canales legales normales en lugar de hacerlo a través de la Corte de Constitucionalidad (El ex presidente de la Corte de Constitucionalidad y el ex Procurador de Derechos Humanos Jorge Mario García Laguardia también es de esta opinión 1). Además, el Juez Chacón afirmó que la decisión de revocar la sentencia así como la última fase del juicio fue una respuesta desproporcionada a la violación afirmada por la Corte, mientras que la Juez Porras criticó la decisión porque dejó sin protección el derecho constitucional de las víctimas a tener un acceso igualitario a la justicia. La Juez Porras también observó que la opinión mayoritaria tergiversa algunos hechos clave del caso.

Parece que otras fuerzas estaban en juego en la decisión de anular parcialmente el juicio a Ríos Montt. Durante los procedimientos, circularon una serie de anuncios pagados afirmando que los cargos de genocidio fueron fabricados, acusando a los diferentes actores involucrados de ser guerrilleros o sus títeres y predicando un desastre en el caso de una condena en contra de Ríos Montt 2. El día después del veredicto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la influyente asociación guatemalteca de empresarios, afirmó que habían ocurrido violaciones graves y acusó al Tribunal del juicio de ser “excesivamente ideológico” y sometido a la presión e interferencia de organizaciones internacionales no identificadas. CACIF también hizo una llamada a la Corte de Constitucionalidad para “rectificar” las “anomalías producidas en el proceso”. Una campaña publicitaria del CACIF en los días entre el veredicto y su rechazo por la Corte de Constitucionalidad afirmó que el veredicto de genocidio podría socavar la confianza de los inversionistas, ya que equiparó a Guatemala con la Alemania nazi y el genocidio de Ruanda.

La capacidad de los poderes de facto de influenciar los resultados jurídicos a su gusto señala que existe un problema que trasciende el caso de genocidio: la capacidad de actores influyentes de manipular al sistema judicial a través de amparos (o una gran cantidad de impugnaciones constitucionales, algunas legítimas, muchas no) y otras mociones legales que pretenden basarse en las preocupaciones del debido proceso, pero que de hecho se implementan para prevenir que se haga justicia. Esto se ve no sólo en el caso del General Ríos Montt, sino también en muchos otros también. Hace tiempo, el ex presidente Portillo luchó contra su extradición por cargos de lavado de dinero usando exactamente el mismo tipo de tácticas.

Hay más en juego que el caso de genocidio

El caso de genocidio contra Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, se centra en el asesinato de 1.771 Maya Ixil durante el conflicto armado que vivió Guatemala durante 30 años. Aparte de este caso, decenas de otros casos esperan llegar a la Corte. Las vicisitudes del juicio de Ríos Montt revelan un sistema de justicia profundamente politizado y cuya autonomía está seriamente en duda. ¿Es el sistema legal de Guatemala capaz de hacer frente a estos crímenes?

En los últimos dos años, se ha dado un progreso lento, aunque real, lo que permitió llevar algunos casos de Derechos Humanos a juicio. Cambios importantes en el sistema legal, muchos promovidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han ayudado a llevar esto a cabo, junto con el trabajo de una valiente Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, y los miembros de su personal, así como los jueces, testigos y grupos de Derechos Humanos que han impulsado esfuerzos para mantener estos temas en la agenda y seguir adelante con los juicios. El juicio al General Ríos Montt es en cierta manera una prueba de si el sistema judicial es capaz de proporcionar la justicia, especialmente, en casos sensibles.

El fallo del 20 de mayo de la Corte de Constitucionalidad plantea preguntas serias sobre el Estado de Derecho en Guatemala. Aunque es de suma importancia que los derechos al debido proceso sean respetados en cualquier tribunal, es igualmente importante que no se permite que las partes en un proceso judicial manipulen el sistema para socavar la justicia. No queda claro si la Corte de Constitucionalidad tiene autoridad para actuar como lo hizo o si su decisión sea correcta jurídicamente. El tiempo dirá que implica esto para el caso de genocidio y cómo se procederá de aquí en más. La incertidumbre que se ha generado como consecuencia de la sentencia del 20 de mayo plantea cuestiones serias acerca de la independencia judicial y la seguridad jurídica en Guatemala.

De hecho, esta es una cuestión importante no sólo para este caso, y no sólo para los casos de Derechos Humanos. Si el sistema guatemalteco de justicia puede actuar con imparcialidad es de gran importancia para los procesos penales en general. Esto es especialmente significativo dados los problemas de Guatemala con la violencia generada por las pandillas, el narcotráfico y los grupos criminales clandestinos que siguen ejerciendo influencia política, así como la delincuencia de cuello blanco, como la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal. Es importante para los guatemaltecos comunes y corrientes que quieren sentir que el crimen está siendo controlado. Es importante para asegurar que el sistema político funcione sin la influencia oculta de los criminales y de sus aliados. Es importante para la comunidad internacional, que apoya el Estado de Derecho. Y debe ser importante para la comunidad empresarial de Guatemala, que quiere contar con un sistema imparcial de justicia para resolver los conflictos y para aquellos que buscan la inversión internacional en una Guatemala donde la justicia es consistente con los principios de los Derechos Humanos.

Los abogados defensores de Ríos Montt parecen haber logrado—por lo menos temporalmente—su principal objetivo: usar el sistema legal para derrotar a la justicia. La pregunta es si los actores clave dentro del Estado y la sociedad civil pueden cambiar esto para que la justicia sustantiva prevalezca. Para que esto suceda en el caso de genocidio—así como en otros casos de Derechos Humanos— los grupos internacionales de Derechos Humanos y la comunidad internacional en general tienen que seguir trabajando de cerca con nuestros colegas para que puedan seguir adelante contribuyendo a fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala.


* Este artículo fue publicado originalmente en WOLA, bajo el título: “El genocidio en Guatemala: Usando el sistema legal para derrotar a la justicia. Con el juicio de Ríos Montt parcialmente anulado, la justicia y el Estado de Derecho están en riesgo”, el 5 de junio de 2013. Los autores participaron como observadores internacionales en el juicio de Ríos Montt. Además, la Asesora Principal de WOLA, Jo-Marie Burt, encabezó una delegación de jueces y abogados latinoamericanos para observar el juicio y fue uno de los expertos que participaron en el proyecto de Open Society Justice Initiative (OSJI) para observar el juicio. Para más información, consulte el sitio web www.riosmontt-trial.org.

1. García Laguardia dijo a elPeriódico que a su juicio, la Corte de Constitucionalidad se excedió en sus límites cuando anuló parcialmente el juicio no sólo porque la supuesta violación del debido proceso había sido resuelta por el Tribunal que presidió el caso, sino también porque la Corte Constitucional sólo tiene la autoridad para resolver cuestiones constitucionales.

2. Un anuncio pagado con las firmas de políticos prestigiosos como Eduardo Stein afirmó que el juicio por genocidio representa el “fin de los Acuerdos de Paz”, lo que abrirá una nueva fase de violencia en Guatemala. Otros fueron más abiertamente intimidantes, incluyendo uno titulado “Las Caras de la Infamia”, con una amplia gama de actores, incluyendo a la Fiscal General, los jueces en el caso, los abogados de derechos humanos, activistas internacionales e incluso el Embajador de Estados Unidos, Arnold Chacón.

Acerca de Jo-Marie Burt y Geoff Thale

Jo-Marie Burt es Asesora principal de WOLA (Washington Office on Latin America) y Profesora de Ciencia Política en la Universidad George Mason y Geoff Thale es Director de Programas de WOLA (Washington Office on Latin America)

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6 respuestas a El genocidio en Guatemala: Usando el sistema legal para derrotar a la justicia*

  1. Ana 29 Junio, 2013 at 14:14 #

    Muy interesante el post no solamente por su actualidad como por apuntar una cantidad relevante de elementos que nos permite identificar una politización de la justicia local y una total ausencia de independencia judicial en Guatemala. Como se pode notar, hay una clara influencia de la política en los tribunales guatemaltecos, que son utilizados de forma manipulada por actores externos al Poder Judicial.

    De una forma más pragmática, si observamos el caso de Guatemala a partir de las tres dimensiones tradicionalmente propuesta por autores (Kapiszewski y Taylor, 2008; Ríos-Figueroa, 2006) para evaluar la independencia judicial, vemos que el país todavía está lejos de lograrla. La primera de ellas, la independencia política, entendida como la autonomía de las cortes de otras áreas de gobierno, es la que presenta más debilidad, si tomamos en cuenta los hechos descriptos en el post.

    La segunda, la imparcialidad judicial, también es claramente violada una vez que las cortes guatemaltecas tienen una obvia identificación con una de las partes del juicio, en el caso, Ríos Montt. Por fin, la debilidad de la tercera dimensión, la independencia interna, también se puede notar cuando la Corte Constitucional anula el fallo del tribunal y prácticamente obliga que haya una nueva conformación de la corte para un nuevo juicio.

    De todas formas, el post trae una señal de esperanza al apuntar que también hay jueces, como Jazmín Barrios, que no son dominados por la influencia política y llevan a cabo juicios como el que condenó Ríos Montt o que reprueban la decisión de la Corte Constitucional.

    • Jo-Marie Burt 30 Junio, 2013 at 13:59 #

      Gracias por tus comentarios, Ana. Estoy plenamente de acuerdo contigo en que Guatemala está lejos de consolidar la independencia judicial. Hay paradojas muy notables: que el Ministerio Público haya podido actuar con relativa autonomía bajo el liderazgo de Claudia Paz y Paz para impulsar casos de violaciones de derechos humanos, entre ellos el caso de genocidio contra Ríos Montt; y que el caso ha podido –aún con bastante dificultad– llegar a una conclusión y una condena a un ex jefe de Estado. Pero a la vez tenemos la decisión de la Corte de Constitucionalidad –así como el intento durante el proceso de la jueza Carol Patricia Flores de anular el proceso, incluso el mismo día de la lectura de sentencia– que a mi modo de ver son señales claros de que el Poder Judicial aún sigue susceptible a influencias externas. Evidencian que el estado de derecho en Guatemala funciona siempre y cuando los poderes fácticos lo quieran dejar funcionar.

  2. Verónica 29 Junio, 2013 at 9:45 #

    Interesantísimo artículo y revisión del proceso judicial; para quienes no estábamos exhaustivamente informados, resulta sumamente valioso. Quisiera plantear algunas preguntas que tienen que ver, sobre todo, con mi ignorancia sobre procedimientos legales internacionales y sobre el segumiento del caso: ¿Cuándo debería constituirse un nuevo Tribunal y reiniciar (si es el caso) el juicio? ¿Cuánto poder de influencia pueden tener los “poderes de facto” o actores influyentes que se mencionan en el artículo en la composición de ese tribunal? ¿Hubo algún pronunciamiento de la CIDH sobre la decisión de la Corte de Constitucionalidad? ¿Se les han ofrecido a los testigos garantías de seguridad en caso de que tuvieran que volver a declarar (por supuesto, esto no mitiga ni repara el agravio al que se los está sometiendo)?

    Felicitaciones por el post.

    • Jo-Marie Burt 30 Junio, 2013 at 14:12 #

      Verónica, gracias por los comentarios y las preguntas. El nuevo tribunal ya está constituido. Notablemente por lo menos 61 juece se excusaron de conformar el tribunal de apelaciones que tenía el cargo de implementar la decisión de la Corte de Constitucionalidad, pero una vez conformada, designó el Tribunal de Alto Riesgo “B” para continuar a cargo del caso. No está claro aún cuando se retomará el juicio ni bajo qué circunstancias. El Tribunal ha dicho que tiene un calendario lleno hasta fines de marzo de 2014.
      Los tribunales de alto riesgo (son 2) fueron conformados como parte de la reforma judicial impulsado con el apoyo de la CICIG y por lo general son jueces autonomos e imparciales que han actuado con bastante valentía frente a casos complejos, entre ellos el crímen organizado, el narcotrafico, y últimamente algunos casos de derechos humanos. Pero no significa necesariamente que son inmunes a la influencia de actores externos. Varios observadores han sugerido que la Juez Carol Patricia Flores, quien pretendió anular todo lo actuado en el caso genicidio con su fallo del 18 de abril, podría haber caido bajo influencia de poderes fácticos y creo que está bajo investigación incluso.
      El caso genocidio no pasó por el sistema interamericano de derechos humanos, pero la parte civil en el caso ha estado considerando llevar el caso ante el sistema por considerar que se ha violado los derechos de las víctimas con la decisión de la CC.
      El tema del riesgo que enfrenta a todos los participantes en el caso es real y urge estudiarlo con mas detenimiento, pero concuerdo que es imprescindible encontrar formas de garantizarles la seguridad en caso de que tengan que volver a declarar. Hay varias organizaciones internacionales que hacan hacen acompañamiento internacional en este y otros casos, como NISGUA (Network in Support of the People of Guatemala (http://www.nisgua.org/) y Peace Brigades International (http://www.pbi-guatemala.org/).

  3. Ana Tereza 28 Junio, 2013 at 23:10 #

    Muy interesante el post. No creo que la decisión de la Corte de Constitucionalidad sea correcta jurídicamente, pues en ningún momento se violó el debido proceso legal. García Gudiel ha ingresado en el proceso en el primer día de juicio, pero solo después que los primeros abogados constituidos renunciaron. Cuando un abogado no es parte del proceso desde el principio y, cuando entra, declara tener una relación de amistad/enemistad con algún juez, quien tiene que salir del proceso es el abogado, no el juez (por lo menos es así en el derecho brasileño).

    Cuando del despido de García Gudiel el Tribunal ha dado oportunidad para que Rios Montt constituyera a otros abogados. Ese día los abogados del co-acusado lo representaron, o sea, el General en ningún momento se quedó sin defensa. La deficiencia de defensa no tiene presunción iuris tantum, el prejuicio hay que ser probado. En nombre de la economía procesal, cualquier abogado sirve, lo que importa es que la defensa de la parte sea plena.

    Sus postulaciones visando retrasar el procedimiento (el litigio malicioso) deberían haber sido punidas (generalmente las legislaciones prevén multas para este tipo de comportamiento). El obstruccionismo no es una estrategia legal. Cuando una parte empieza a actuar con mala fe el movimiento ya no es de todo legal y no puede ser permitido, deben existir penalidades. En el caso de Guatemala no hubo justicia substancial y tampoco justicia formal. La Corte Constitucional de Guatemala ha cometido un error muy grave al haber acogido la alegación postulada por los abogados del Rios Montt.

    • Jo-Marie Burt 30 Junio, 2013 at 14:19 #

      Concuerdo con tus observaciones, Ana Teresa. Gracias por compartirlas. Efectivamente ha habido litigio malicioso en el caso genocidio y entiendo que hay una investigación en curso de parte del Colegio de Abogados sobre la actuación de García Gudiel en el juicio. Sin embargo según me han explicado el proceso para que haya una sanción efectiva a un abogado que incurra en estas prácticas es bastante difícil de lograr, requeriendo el voto de todos los miembros del Colegio de Abogados para efectivizar cualquier sanción. Ese es un tema que requiere urgente reforma en Guatemala pues permite que se burle del proceso legal bajo una apariencia de legalismo.

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