El juicio político en América Latina: un golpe de estado encubierto

A mediados de 2012, el Parlamento paraguayo sometió al Presidente Fernando Lugo a un pretendido juicio político. Creí que estaba claro, por lo menos entre los académicos, que aquello fue otra cosa. Pero leer en El País, el pasado 17 de Junio, al profesor Perina referirse al acto como constitucional y legítimo me heló.

Quien más y mejor ha trabajado sobre el juicio político ha sido Aníbal Pérez-Liñán. En su opinión, hoy los gobiernos siguen cayendo, pero no se llevan por delante al régimen político.  El juicio político ha surgido como un instrumento poderoso con el que desplazar presidentes “indeseables” sin destruir el orden constitucional. En condiciones normales, los miembros del Parlamento sólo iniciarán el juicio político al Presidente si hubiera prueba evidente de delito grave y no lo harían si las acusaciones tuvieran motivos partidarios y personales; pero, en el día a día, los legisladores rara vez pueden desprenderse del contexto social y político en el que se desenvuelven las crisis.  En definitiva, cree que hay un nuevo paradigma que nos obliga a repensar el presidencialismo. Se ha creado un nuevo patrón de inestabilidad presidencial en América Latina caracterizado porque: (i) los militares ya no intervienen, (ii) los medios de comunicación juegan el papel de guardianes de la moralidad pública, (iii) las protestas populares por corrupción o mal desempeño contra la crisis impulsan la renuncia presidencial y (iv) el Parlamento se hace cargo de garantizar la transferencia constitucional de poder en medio de la debacle política.

Sobre el impeachment conviene precisar que no se trata de un mecanismo de control político, de un instrumento con el que dirimir la responsabilidad política en las tareas de gobierno. Nada que ver con la interacción de las dos instituciones en el marco del sistema de gobierno.  Es una actividad que transciende este ámbito y se encuentra dentro del global funcionamiento del sistema político. La ausencia en el presidencialismo de zonas de intersección entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, esta carencia de capacidad de control político recíproco convierte, como efecto inmediato, el mandato de ambas instituciones en tasado. Sólo la muerte, la incapacidad o la declaración de alta traición le puede acortar el mandato al Presidente. En definitiva, la separación efectiva de poderes es uno de los elementos definitorios del sistema de gobierno presidencialista y el impeachment no rompe esa separación, sino que transforma, momentáneamente, al Parlamento en sede judicial en la que juzgar al Presidente.

El funcionamiento del sistema debería prever situaciones de conflicto entre los diversos actores e incluso mecanismos internos y externos que desatasquen los bloqueos del sistema, pero el presidencialismo tiene mal resuelta la previsión de mecanismo institucionales que lo saquen de ese bloqueo.  Esa ausencia le sitúa ante dos hipotéticos escenarios: (i) la crisis es resuelta con imaginación, negociación y consenso entre los diversos actores o (ii) mantenimiento de la crisis hasta que se agoten los respectivos mandatos. El grave riesgo ante los segundos escenarios es que, antes de esperar el agotamiento de los mandatos y la subsiguiente manifestación de voluntad ciudadana que genere un nuevo escenario político, alguien se arrogue un rol de ‘salvador de la patria’, generalmente el propio presidente o el ejército, y dé un golpe de estado.  El balance es dramático: una separación de poderes mal resuelta nos puede abocar a la pérdida de la democracia.

De lo dicho creo que se desprende mi crítica al pragmatismo, avalado con datos, de los argumentos de Pérez-Liñán.  Me sigue pareciendo de todo punto injustificable, por citar un ejemplo que, por carecer de un instrumento político de control de la responsabilidad política, alguien sea declarado loco, sin estarlo como medio por el que ejercer el control político al que no se es constitucionalmente competente.  Y que eso nos parezca menos malo porque el sistema político no se ha resentido mucho. Lo siento, se trata de una mutación o de una tergiversación jurídica que habrá podido producir efectos menos dramáticos que un golpe de estado militar cruento; sin duda. Pero no por ello, menos ilegal o ilegítima. La Constitución de un Estado debe aportar seguridad jurídica al sistema y no estar al albur de los vaivenes políticos. Debe fijar un marco nítido de reglas de juego que no pueden convertirse en lo que me interese, según me interese.

El juicio político fue pensado para casos de traición, cohecho u otros delios y faltas graves; para hechos de naturaleza siempre delictiva o de ataque al sistema político.  Utilizarlo como un mecanismo de responsabilidad política, de control de la actuación cotidiana del presidente, hoy por hoy, no es constitucional. Otro debate es si esa dinámica es o no la más acertada.  Incluso hasta es probable que Pérez-Liñán tenga razón al decir que se está produciendo un cambio de paradigma. Pero entonces, si el juicio político se convierte, al estilo de la moción de censura de los sistemas parlamentarios, en un mecanismo a través del cual una mayoría parlamentaria pueda echar al Presidente, deben afrontarse las pertinentes reformas constitucionales que dejen prístino el nuevo sentido del juicio político al presidente.  Ello provocará una severa modificación en el sistema de gobierno que, a mi entender, dejará de ser presidencial puesto que la centralidad del sistema se desplazará hacia el Congreso y dejará de ser duales las legitimidades.

Los presidentes pese a ser elegidos directamente por el pueblo, sabrán que, de no tener una mayoría consistente en el Parlamento, corren el severo riesgo de ser removidos.  Ello forzará, sin duda, cambios en el modo de gobernar y puede que hasta sea positivo; pero lo que no puedo es aceptar las consecuencias sin que se produzca antes la reforma constitucional que creo exigible.  De lo dicho, creo que se infiere, claramente, que en el caso paraguayo, como en tantos otros, la pretendida legalidad del juicio político no es más que un recurso torticero, un estiramiento doloso del concepto que pretende esconder un golpe de Estado.

 

Referencias bibliográficas:

Aguilera de Prat, Cesáreo R. y Martínez, Rafael 2000. Sistemas de gobierno, partidos y territorio. Madrid: Tecnos.

Hochstetler, Kathryn y Samuels, David. 2011. “Crisis and Rapid Reequilibration: The Consequences of Presidential Challenge And Failure in Latin America“. Comparative Politics vol 43 (2): 127-145.

Marshall, Monty G. y Marshall, Donna Ramsey. 2012. Coup d’État Events 1946-2011. Codebook: Center for Systemic Peace.

Marsteintredet, Leiv y Berntzen, Einar. 2008. “Reducing the Perils of Presidentialism in Latin America through Presidential InterruptionsComparative Politics vol 41 (1): 83-101.

Pérez-Liñán, Aníbal. 2007. Presidential Impeachment and the New Political Inestability in Latin AmericaCambridge University Press. [un artículo en español sobre el tema publicado en América Latina Hoy por Pérez-Liñán puede encontrarse aquí]

Acerca de Rafael Martinez

Rafael Martinez es Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, España.

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7 respuestas a El juicio político en América Latina: un golpe de estado encubierto

  1. Anibal 11 Julio, 2013 at 9:10 #

    El post de Rafa Martínez nos llama la atención sobre un problema político de gran importancia, y sobre el cual se ha reflexionado muy poco: ¿cómo evaluar la legitimidad de un juicio político contra un presidente electo? Hasta hace poco tiempo, la interpretación de los juicios políticos ocurridos en América Latina durante los años noventa era generalmente benévola. Pero estamos asistiendo ahora a un incipiente debate entre una lectura optimista del fenómeno, representada por autores como Kathy Hochstetler y Leiv Marsteintredet, y una postura más pesimista, representada por autores como Gretchen Helmke y Rafael Martínez. Por mi parte, creo que es importante mantener una distinción conceptual clara entre las categorías de golpe de estado y juicio político, sin que esto signifique adoptar una posición ingenua frente al uso del juicio político por parte de los legisladores latinoamericanos. Cuando observamos una operación militar abiertamente destinada a destituir al presidente electo, estamos frente a un golpe. Cuando el congreso ejerce su autoridad constitucional para destituir al presidente, estamos frente a un juicio político o declaración de incapacidad. (Cuando ambos elementos están presentes simultáneamente, como ocurrió en Brasil en 1955, creo que deberíamos calificar al episodio como golpe, porque la acción militar es la causa eficiente de la destitución). En este sentido, y a pesar de sus similitudes, la caída de Manuel Zelaya es un ejemplo de golpe de estado, mientras que la caída de Fernando Lugo no lo es. Estirar el concepto de golpe para nombrar los juicios políticos ilegítimos no ayuda mucho, y añade a la confusión conceptual en un tema de por sí complejo. La pregunta que se formula Rafa Martínez sigue sin embargo abierta: ¿cómo distinguir entre los juicios políticos que reflejan el espíritu de la constitución, y aquellos que representan un uso descarado de la institución para deponer a un presidente que carece de respaldo legislativo? Esta es, sin duda, una de las preguntas más importantes para los estudios del presidencialismo en nuestro tiempo. Lamentablemente, encontrar una regla operacional que permita resolver esta distinción no es nada fácil, y cualquier intento de solución resultará controversial. (¿Tienen los lectores alguna sugerencia?) Debemos buscar una respuesta anclada en criterios sistemáticos, e independiente de nuestro juicio ideológico sobre los presidentes concretos. Si los legisladores (y a menudo los ciudadanos) aceptan torcer las instituciones para alcanzar sus objetivos partidistas de corto plazo, es un deber de la ciencia política ofrecer criterios que permitan evaluar el funcionamiento institucional más allá de las pasiones políticas del momento.

    • Rafa Martínez 11 Julio, 2013 at 18:34 #

      Coincido contigo Aníbal en que tan erróneo es aceptar el estiramiento conceptual del juicio político como el de golpe de estado. Ni toda acción presidencial insatisfactoria es integrable en el marco de un juicio político, ni toda ilegalidad puede ser un golpe de estado. Conviene ser preciso en este punto para no confundirnos todos. Respecto del golpe de Estado es obvio que tenemos que trabajar el concepto porque en el imaginario colectivo, como tú pones de manifiesto, vemos militares actuando contra el poder ejecutivo; pero en cambio, hace ya mucho tiempo que la literatura asume que en el golpe de estado no hace falta la intervención de militares. No obstante, tendremos que trabajarlo como una familia conceptual o como un concepto radial para ser capaces de tratar como golpes realidades que son muy distintas; pro haciendo patente eso, que son diferentes, que poseen un tronco común al tiempo que atesoran elementos diferentes. Recordemos que violencia es coger una magnum y pegar seis tiros a alguien y también es una mirada inquisitorial de un superior; siendo obvio que no son parangonables estos dos hechos. Es decir, que tanto el caso de Paraguay, como el reciente de Egipto son golpes al Estado porque quieren, ante un conflicto político grave, romper el marco institucional por la fuerza (de las armas o de supuestas legalidades) y establecer una nueva titularidad ya que no encuentran un cauce institucional adecuado. Desde ese punto común, luego es obvio que en un caso, Paraguay, se busca, lo más rápido posible, volver a integrarse en los cauces institucionales democráticos y en Egipto ya veremos qué pasa; pero no se augura un buen futuro democrático. Creo que en el caso del juicio político el quid es la responsabilidad del gobernante. Sabemos que la hay de dos tipos: penal y política. La penal se articula ante los tribunales y en el caso de los presidencialismos la función de tribunal la puede ejercer la corte suprema o, en la mayoría de los casos, ambas cámaras una ejerciendo el papel de instructor de la causa y la otra ejerciendo de juzgador. Por tanto, el juicio político sólo puede tratar delitos. Todo lo que no sean delitos es nulo de pleno derecho. Es ilegal. Es antijurídico. Que eso lo haga la institución dedicada a legislar, no es un error, ni un descuido. Es premeditado, está urdido como plan “de apariencia legal” para echar al presidente. En el caso de Paraguay, me consta, que llevaba más de un año tramándose. La otra responsabilidad, la política, es la que nos resuelve este conflicto. Esa se solventa ante quien te eligió; que en los presidencialismos es el pueblo y en los parlamentarismos el congreso. Si los presidencialismos quieren otorgar al Parlamento la capacidad de enjuiciar la responsabilidad de los presidentes pueden y deben hacerlo. Es una simple reforma constitucional; pero esa parlamentarización de sus mecanismos les hará perder mucho, por no decir todo, de su esencia. Hace años que Linz ya dijo que la solución de los presidencialismos de américa latina era parlamentarizarse.

  2. Sarah Cerna Villagra 10 Julio, 2013 at 20:51 #

    Concuerdo con el autor en esta postura, en especial, respecto a los estiramientos conceptuales. Por otra parte, creo que es necesario un debate entre los académicos de las ciencias sociales en los términos aquí planteados para analizar con mayor profundidad los conceptos de juicio político o golpe de Estado, porque tras lo sucedido en junio de 2012 en Paraguay, existe todavía una nebulosa para acomodar plenamente dicha destitución en una categoría o en otra. En Paraguay existe toda una polémica al respecto y este artículo no hace más que poner en vigencia dicho debate.

    • Rafa Martínez 10 Julio, 2013 at 21:02 #

      Hola Sarah. Te agradezco el comentario.En el último congreso de LASA presenté un paper sobre Golpes de Estado en donde reviso el concepto y hablo más extenso de Paraguay. Quizá te interese. te paso el link:
      https://lasa-4.lasa.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2013/files/40876.pdf

      • Sarah Cerna Villagra 10 Julio, 2013 at 21:23 #

        Gracias Rafael, me interesa el paper y voy a leerlo. Y sigamos debatiendo sobre juicios políticos y golpes de estado, al final de cuentas son conceptos creados en un tiempo determinado y la realidad cambiante puede desafiar su pertinencia o no. Creo que como interesados en estos temas, la realidad nos interpela a seguir profundizando, más allá de adoptar una clasificación u otra, es necesario pensar en las consecuencias históricas y políticas de dichos acontecimientos. Por lo pronto, un país un tanto polarizado respecto de los hechos del 22 de junio de 2012.

  3. Ludmila Quiros (estudiante Ciencia Politica, UBA) 10 Julio, 2013 at 20:47 #

    Interesantisimo articulo sobre el juicio politico en America Latina. Con el caso paraguayo puede quedar por sentado que el mecanismo es hoy en dia un verdadero factor desestabilizador de algunas democracias regionales donde todavia conviven enclaves autoritarios. Si bien los procedimientos de juicio politico que acontecieron en la decada de los noventa no lograron poner en jaque las reglas democraticas, hoy lo acontecido en Paraguay puede ser un indicador de que en ciertas ocasiones y con determinados contextos politicos el mecanismo del juicio politico resulta ser un arma de doble filo para algunas democracias latinoamericanas.

    • Rafa Martínez 10 Julio, 2013 at 21:05 #

      Hola Ludmila. Gracias por tu comentario. Son muy pocos, en mi opinión, los juicios políticos que fueron tales y no enmascararon un golpe de Estado. Una mentira repetida mil veces no se transforma en verdad; pero ello no implica que los golpistas reiteren una y mil veces la legalidad de lo acontecido. Por eso creo que debemos revisar el concepto de Golpe de Estado y que no debemos recibir con tanta alegría la utilización del juicio político porque, a mi parecer, no es un indicador de consolidación de la democracia y sus procedimientos en la región, sino una mutación del golpe de Estado.

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