Graves obstáculos a la reinserción

En Colombia ya pasan de 130 los excombatientes asesinados luego de que en 2016 se concluyera la firma de unos acuerdos de paz que el actual gobierno del presidente Duque ha repudiado. El país reedita así la experiencia que a mediados de la década de 1980 llevó a la muerte a no menos de tres mil militantes de la Unión Patriótica como parte de un intento, también frustrado, de llegar a la paz. Colombia muestra así las dificultades que enfrentan los esfuerzos por poner fin al enfrentamiento que –llámese guerra civil, conflicto armado interno o como se quiera– se ha precipitado durante años en una espiral de muertos y heridos, huérfanos y refugiados. Parece muy difícil restablecer la convivencia y, en consecuencia, la vuelta a la violencia permanece como amenaza.

La otra muestra la está dando, menos cruentamente, Perú. En este caso se está utilizando solo la muerte civil. Primero, el congreso extendió inconstitucionalmente las penas impuestas a aquellos condenados por terrorismo, añadiendo una que los tribunales no les habían impuesto: la ley 30717, promulgada en enero de 2018 dispuso que quienes hubiesen sido condenados por terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual jamás podrán ser candidatos a un puesto de elección popular. Unos meses después, la ley 30794, promulgada por el presidente Vizcarra en junio del mismo año, dispuso que los condenados por determinados delitos –incluidos, por cierto, el de terrorismo y el de apología del terrorismo – nunca podrán prestar servicios al Estado. Se les empujó así a un probable desempleo.

A comienzos de 2019 se produjo un escandalete en los medios, a partir de la denuncia de que la congresista María Elena Foronda, del Frente Amplio, había contratado como asistente a una condenada por terrorismo que había cumplido su pena. En abril último la propia congresista se explicó en una entrevista pero no sirvió de nada: fue sancionada por el pleno del congreso con 120 días de suspensión.

Se puede argumentar, jurídicamente, que añadir penas a quien ha cumplido su condena ignora una regla del Estado de derecho: la responsabilidad de quien comete un delito concluye al cumplir la condena que le ha sido impuesta y ninguna ley puede ampliar válidamente la pena que solo a los jueces corresponde dictar. O se puede argumentar, políticamente, que no permitir la reinserción laboral de quien estuvo vinculado a la subversión y pagó por ello, lo arrincona en un círculo integrado por todos aquellos que, como él, son objeto de esta sanción adicional. Esa situación no nos conviene como sociedad porque, así marginados, acaso puedan escuchar un nuevo llamado a incorporarse en un proyecto subversivo.

Ningún argumento es útil. Incluso actores políticos no vinculados a los grupos más reaccionarios no están dispuestos a aceptar que quienes pagaron sus culpas tengan un lugar en la sociedad, igual que los demás peruanos. Pero los obstáculos también provienen de la propia sociedad civil.

Con ocasión de la preparación de un acto público en Lima, algunos académicos reconocidos se han negado a sentarse en la mesa con una persona que ha sido condenada por terrorismo y pasó largos años en prisión, en cumplimiento de la pena que se le impuso. Es la misma reacción que a lo largo de los años se tuvo frente a los leprosos, los tuberculosos y los enfermos de SIDA, entre otros “apestados” con quienes, se decía entonces, había que guardar una distancia profiláctica.

Es difícil comprender el rechazo al exsubversivo de parte de gentes jóvenes, con formación académica en el extranjero, que son científicos sociales de bien ganado prestigio en su campo. No obstante, padecen una intolerancia política iliberal que los lleva a olvidar algo esencial: la democracia es inclusiva y su alto valor reside en la capacidad que tiene para hacer lugar también a quienes buscan destruirla mientras no recurran para ello a la violencia. Si no es así, la democracia pierde valor y quienes predican contra ella cobran fuerza.

El liberalismo, en su versión filosófica y política –que respeta a quien piensa de modo diferente–, nunca logró arraigo en Perú. Tampoco hoy la tiene. Y de ello ahora son víctimas quienes habiendo cumplido una pena –e incluso habiéndose arrepentido públicamente de su opción de tomar las armas– no encuentran un lugar para rehacer una vida en el país. Se lo prohíben las leyes dictadas por un congreso cuyo desempeño en general es desaprobado por una mayoría ciudadana. Pero, además, se lo impiden con su rechazo intelectuales de quienes se podría haber esperado algo bastante mejor.

 

Acerca de Luis Pásara

Luis Pásara es abogado y Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre 2004 y 2011 fue investigador del Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica, de la Universidad de Salamanca.
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