La corrupción asfixia, allá y aquí

En Perú, un día es noticia un general de policía a la cabeza del tráfico de menores en Arequipa, la segunda ciudad del país. Al día siguiente es un equipo de oficiales del ejército que integraban una banda delictiva. A comienzos de año, un ex jefe de los registros públicos fue puesto en prisión preventiva, cuando se acreditó que desde su puesto era el hombre clave en una banda que, con el concurso de abogados y notarios, fraguó transferencias de inmuebles por varios millones de dólares. Por si estas maravillas no fueran suficientes, desde julio del año pasado no cesa la revelación de audios en los que jueces y fiscales negocian nombramientos y sentencias. Y, a propósito de jueces, también se ha hecho público que la fuga de César Hinostroza –el juez de la Corte Suprema que huyó a España, donde espera detenido su extradición– fue posible porque un grupo de cinco empleados en Migraciones la facilitaron.

Esas noticias llegan con el telón de fondo que componen los cinco últimos presidentes: condenado uno, prófugo otro y tres más bajo proceso o investigación criminal. Completa el cuadro el equipo de la hija del condenado, Keiko Fujimori, por dos veces pretendiente a la presidencia, y quien se encuentra en prisión preventiva por 18 meses, lo que también coloca su caso en el terreno de jueces y fiscales. De los diversos fraudes y falsedades de “los padres (y madres) de la patria” ya es mejor no ocuparse. El Congreso ha llegado a su nivel más bajo.

La corrupción es antigua en el país, como mostró Alfonso Quiroz, pero nunca había alcanzado la magnitud actual, potenciada por la actuación concertada en bandas que trabajan de manera sistemática en muy diferentes ámbitos y niveles, y cuya intermediación es eficaz para obtener decisiones favorables. Sus vinculaciones con los partidos de mayor incidencia en las decisiones se han hecho evidentes. Pero los grupos políticos minoritarios tampoco se libran del mal. Y hay que tener presente que el presidente de la república, Martín Vizcarra, todavía debe una explicación sobre su desempeño simultáneo en sus negocios particulares y en las altas funciones públicas de ministro y vicepresidente, en contra de la ley.

¿Con quién se cuenta entonces? ¿A quiénes puede elegirse o designarse en responsabilidades públicas altas y medias con la confianza de que no van a usar el cargo para enriquecerse individualmente o como afiliados a organizaciones criminales? Como si la podredumbre generalizada no fuera visible y desmoralizadora, se insiste en una lucha contra la corrupción para lo que no parece haber soldados y se anuncia reformas cuya ejecución –es fácil predecirlo– no contará con suficiente gente capaz y honesta.

En parte, esa gente capaz y honesta –que todavía la hay– es responsable del estado de cosas porque desde hace mucho no acepta responsabilidades públicas. En una época esa abstención se justificó en las bajas remuneraciones; cuando esto dejó de ser así, la mala imagen y los riesgos de aceptar un cargo han seguido disuadiendo a los mejores. ¿Quiénes están dispuestos a ingresar al aparato del Estado, entonces? En general, gentes mediocres que difícilmente podrían competir en el sector privado y gentes sin escrúpulos que ven en un puesto, donde se toman decisiones, un atajo hacia la rápida acumulación de fortuna. A veces, ambas calidades –si puede llamárselas así– se dan en personajes grises y sinvergüenzas.

Ciertamente, no solo Perú tiene a estos personajes posesionados de la escena pública. Uruguay ha mantenido una imagen de país serio en medio de los escándalos que son frecuentes en América Latina. Se acaba de saber que el hijo del presidente Tabaré Vásquez –que encabeza uno de los dos gobiernos sudamericanos que no participan en el Grupo de Lima y que ha plantado cara a Maduro– ha hecho negocios jugosísimos en la Venezuela que administra el chavismo. Ahora puede pensarse que detrás del frustrado asilo del ex presidente García, en noviembre de 2018 –desde luego, previamente conversado con las autoridades uruguayas– puede haber habido algo más que la cercanía entre Tabaré y Alan.

España vive en una avalancha de destapes de asuntos turbios en diversos sectores empresariales y políticos, aunque debe reconocerse que el Partido Popular se halla a la cabeza. Además de comisiones para amañar licitaciones o autorizar incrementos en los presupuestos con los que se ganan las licitaciones, autorizar expansiones urbanas que contrarían las normas y otras lindezas, varios políticos han sido denunciados por la obtención de títulos universitarios sin ningún esfuerzo y algunos a quienes se les requirió una tesis, la plagiaron.

Pero si alguien creía que estos trajines solo pertenecen a la burocracia pública y a la desprestigiada clase política, los destapes recientemente hechos sobre el BBVA cancelan toda ingenuidad. De un lado, en un desarrollo urbanístico hecho sobre terrenos públicos en Madrid, el banco participó en la cadena de irregularidades, actualmente bajo investigación judicial, que le han permitido beneficios millonarios. De otro,  entre 2012 y 2017 el banco pagó a un corrupto comisario de policía cinco millones de euros para que realizara trabajos de espionaje en el gobierno y entre sus competidores.

Resulta muy difícil para cualquier gobierno hacerse cargo de una situación como la que hoy se vive en muchas de nuestras sociedades. En esas condiciones funcionan –deben funcionar– las democracias realmente existentes. Y se nos pide –cada cuatro o cinco años, según los casos– que renovemos apuestas, aunque las esperanzas en que los elegidos sean parte de algo distinto disminuyen. Esperanza en que, por lo menos, unos cuantos parlamentarios defiendan los intereses de todos y no solo de aquellos que financiaron a su partido. Esperanza en que el alcalde por el que votemos no sea un pillo como el anterior.

De esa pérdida de esperanza en las democracias, ineficientes y corruptas, se benefician los Trumps, los Bolsonaros y, en el caso español, se alimenta un partido como Vox, enarbolando una suerte de franquismo para estos tiempos. En todos ellos hay la promesa de volver a las esencias de un pasado –que inventan glorioso–, para explotar la nostalgia popular por épocas que parecían dar mayores certezas, aunque mantuvieran un orden claramente injusto.

Si ese es el horizonte prometido, el camino efectivo es el de la mano dura. Que el Perú ya probó –con todas sus consecuencias– con la dictadura de Alberto Fujimori y que ha sabido rechazar en la reedición a cargo de sus herederos. El desmoronamiento de estos y de su partido, Fuerza Popular –que fuera pero ya no es mayoría en el parlamento– es probablemente lo más alentador en un panorama como el peruano, que huele a putrefacción.

Acerca de Luis Pásara

Luis Pásara es abogado y Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre 2004 y 2011 fue investigador del Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica, de la Universidad de Salamanca.
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