La crisis económica y política en Brasil

   *Este artículo fue escrito en colaboración con Julimar da Silva (UAM, España)[1]

 

     Brasil está viviendo actualmente una conturbada crisis que combina recesión con elevados niveles de inflación, desajuste fiscal y elevada inestabilidad política marcada por un muy bajo nivel de popularidad de la presidenta Dilma Roussef, complicada relación entre el ejecutivo y el legislativo, y elevada insatisfacción frente a las graves denuncias de corrupción, en especial de una de las principales empresas estatales del País, Petrobras. La situación parece tan complicada que existen amenazas o tentativas de impeachment. En realidad, se puede afirmar que la crisis económica y la política se refuerzan mutuamente.

     Con relación a la crisis económica, el país está experimentando una profunda recesión. Después de un fuerte crecimiento en el período 2004-2010, excepto en 2009, desde 2012, Brasil ha estado sufriendo un descenso significativo en la economía (ver tabla 1 del anexo), un incremento del 0,1% en 2014, con una proyección de caída del 2,4% en el año 2015. En los últimos 5 trimestres ha habido reducción del PIB, desde el final de 2014 y los dos primeros trimestres de 2015. De hecho, al comparar el primer semestre de 2015 con el mismo período de 2014, se registró una caída del 2,1%.

    Esta fuerte recesión económica también está teniendo graves efectos negativos en el mercado laboral y en la recaudación de impuestos. Desde agosto 2014 hasta julio 2015, según los datos del Ministerio de Trabajo y Empleo[2] de Brasil, se ha observado una destrucción de alrededor de 779.000 empleos formales, lo que corresponde a una disminución del 1,9%.

     Dicho comportamiento está incrementando la tasa de desempleo, que pasó del 6,8% en el segundo trimestre de 2014 al 8.3% en el mismo periodo de 2015[3]. El comportamiento negativo de los ingresos fiscales, a su vez, asociado a una política equivocada de exenciones, acabó por generar un deterioro significativo de las cuentas públicas, lo que ha incrementado el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública. La propuesta de presupuesto enviada por el poder ejecutivo para 2016 se ha hecho previendo el déficit, lo que quebrantó aún más la confianza de los agentes económicos en relación con un ajuste fiscal prometido a finales de 2014. Además de que la falta de confianza en relación a los indicadores fiscales es elevada, amenaza con generar una desaprobación de las cuentas del gobierno federal en el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). Este escenario explica la reciente pérdida del grado de inversión de Brasil, clasificado por la agencia de riesgo Standard & Poors.

     Incluso con la desaceleración económica, la inflación se mantuvo en un nivel alto con una fuerte aceleración en 2015, entre otros factores, por los fuertes incrementos de las tarifas públicas, como la gasolina y la electricidad, que se habían mantenido en niveles artificialmente bajos, debido a las elecciones de 2014. A partir de septiembre 2014 y hasta agosto de 2015 (doce últimos meses disponibles) el índice de inflación oficial, utilizado para la meta de inflación, fue 9,53%, muy por encima de la meta de 4,5%.

     La precaria situación de las finanzas públicas llevó al gobierno, a finales de 2014, a proponer medidas para reducir el gasto social, a través de un menor gasto en pensiones por viudedad, seguro de desempleo y bonificaciones salariales. Las propuestas se implementaron a través de Medidas Provisionales, sin negociación previa con el Congreso Nacional y la sociedad, especialmente, los sindicatos de trabajadores. Estas medidas, asociadas a una situación de debilidad política del ejecutivo frente al legislativo, incrementado por la operación “lava jato”[4], ha significado que estas medidas fueron ampliamente reconfiguradas en el Congreso de los Diputados. Para las pensiones por viudedad, por ejemplo, los cambios propuestos y reales fueron:

a) Antes de la Medida Provisoria 664, de 30 de diciembre de 2014, no había carencia ni tampoco tiempo mínimo de matrimonio para la concesión, de forma que el comportamiento oportunista permitía que la gente ganase un beneficio de por vida del valor mínimo; o que las personas que estaba muriendo se casasen para generar pensiones. El gobierno ha propuesto, a través de la MP 664, tiempo mínimo de matrimonio de dos años, pero el Congreso redujo el período de cotización a 18 meses, mantuvo los dos años de matrimonio, pero garantizó el pago de 4 meses para los que no cumpliesen con estas condiciones lo que, en práctica, significa que Brasil aún permanece sin un período de carencia para este beneficio.

b) Antes de la MP 664, la duración de la pensión por viudedad para el cónyuge era para toda la vida, independientemente de su edad, incluso para las viudas/os jóvenes y sin hijos, en un escenario que vio incrementando significativamente la acumulación de jubilaciones y pensiones, permitido por la legislación brasileña, debido al aumento de la participación femenina en el mercado laboral. La MP 664 propuso que la duración de la prestación estuviese en función de la expectativa de supervivencia del cónyuge, siendo mayor para aquellos con una menor expectativa de vida, que oscila entre 3 y 15 años o toda la vida. El Congreso Nacional cambió la medida, de tal manera que estableció una duraciones de acuerdo con la edad de un/a viudo/a que varía de 3 a 20 años para los menores de 44 años y para toda la vida para las personas de 44 años o con más edad. Estos rangos de edad se ajustarán cada 3 años, de acuerdo a la esperanza de vida al nacer;

c) El Gobierno propuso, por la MP 664, que el valor de la pensión fuese reducido del 100% de la jubilación que el conyugue recibía o que tendría derecho a recibir en caso de jubilación por invalidez para el 50% + 10% por dependiente. Estas medidas fueron rechazadas por el Congreso Nacional, ya que representaban alrededor de tres cuartas partes de los cortes de gastos previstos con la pensión por viudedad, reduciendo significativamente el ajuste fiscal

d) Se ha incluido en la Ley que los dependientes que cometiesen delito grave que resultase en la muerte del beneficiario de la pensión, perderían el derecho a la misma; dispositivo que no estaba previsto en la Ley. Esta medida fue aprobada por el Congreso.

La MP 665, que trataba del seguro de desempleo y el bono salarial también fue cambiada de manera significativa en el Congreso Nacional, reduciendo el impacto en términos de reducción del gasto. Además, los cambios en las reglas de pensiones a través de la MP 664 resultaron ser contraproducentes porque el legislativo aprobó una enmienda que cambió el cálculo en el valor de la llamada jubilación por tiempo de contribución, peculiar del régimen brasileño por permitir la jubilación con 30 años de cotización para las mujeres y 35 años para los hombres, sin edad mínima. Este método termina generando prejubilaciones, con edad promedio de 54 años, que tenían su valor reducido por el llamado factor de la seguridad social.

El Congreso Nacional aprobó la regla 85/95, que consiste en no aplicar el factor de la seguridad social cuando la suma de la edad más período de contribución es de 85 para las mujeres, con 30 años de cotización, y 95 para los hombres, con 35 años de cotización. Aunque el Ejecutivo había vetado tal enmienda, terminó editando una nueva Medida Provisional (676 de junio de 2015), que adopta el factor 85/95 progresivo para 90/100. En la práctica, habrá un aumento significativo en el valor de la jubilación por tiempo de contribución, de tal manera que la situación fiscal en el medio y largo plazo de la Seguridad Social en Brasil, que ya consume el 11% del PIB, empeore y no mejore después de este conjunto de medidas. Así que, lo que fue una medida para mejorar la sostenibilidad de Seguridad Social en Brasil terminó agravando aún más la situación fiscal en el medio y largo plazo. Este caso muestra las dificultades políticas del gobierno para lograr el ajuste fiscal junto al legislativo debido a la crisis política, que termina agravando aún más la crisis económica y el problema de credibilidad.

Así que, por desgracia, Brasil está viviendo una situación muy desfavorable, con la recesión, alto nivel de inflación, dificultades fiscales y políticas, caída de las inversiones y elevada inestabilidad política debido a las acusaciones de corrupción, que se han agravado por la pérdida de grado de inversión y la elevación del dólar, que, a su vez, empuja la inflación. Ante este escenario, es difícil predecir cuándo será posible recuperar la senda de crecimiento económico con baja inflación que prevaleció en Brasil en el período 2004-2010, con previsiones de que la recesión también puede extenderse hasta el año 2016.

ANEXO

anexo post10

[1] Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Teoría Económica por la Universidad de Sao Paulo (Brasil). Profesor contratado doctor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, de las asignaturas de Política Laboral y Estructura Económica de España.

[2] Registro General de Empleados y Desempleados – CAGED

[3] Datos del IBGE, de la PNAD.

[4] Operación que ha puesto de manifiesto un amplio proceso de corrupción en el gobierno federal y en la principal empresa estatal del país, Petrobras, con importantes transferencias de recursos públicos a los grupos políticos de la base aliada del gobierno.

 

 

 

Acerca de Rogerio Nagamine Costanzi

Máster en Economía de la IPE / USP y Especialista en Políticas Públicas y Gestión de Gobierno del Gobierno Federal desde enero de 2000. Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá / España y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Actualmente en el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).
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