La Economía Social como alternativa de participación en el desarrollo rural. Un estudio comparado de asociatividad en función del bienestar colectivo

El presente artículo constituye el avance de un estudio aún preliminar, cuyo objetivo es evaluar  en perspectiva comparada la Economía Social (ES) como alternativa de participación en el desarrollo rural en dos comunidades agrícolas de América Latina y España, respectivamente, entre marzo y diciembre de 2018. Estas comunidades fueron seleccionadas por la diversidad en  sus sistemas de producción y políticas públicas, entre otras variables, y especialmente por la asociatividad de los productores como variable de referencia para la búsqueda de su bienestar colectivo.

La primera región está localizada en los llanos venezolanos, específicamente en el sector Las Mangas y asentamientos agrícolas adyacentes del municipio Biruaca, estado Apure, cuya superficie asciende a 42,7 km2, cuenta con una población de 1810 habitantes aproximadamente, siendo la agricultura el soporte fundamental de su economía; y la otra, en una región española ganadera, ubicada en la villa de Lumbrales, municipio del mismo nombre, comarca El Abadengo, al noroeste de la provincia de Salamanca,  Comunidad Autónoma de Castilla y León,  con una superficie de 69,9 km2 y población de  1662 habitantes.

El estudio de la ES ha sido abordado por numerosos autores, quienes han destacado el término de asociatividad como una estrategia en función de un objetivo en común. En el abordaje teórico son importantes las aportaciones de Pastore y Altschuler (2015:112), éstos sostienen que “el asociacionismo en el sector agroalimentario permite la vinculación entre productores e industria para canalizar a través de estructuras interprofesionales las relaciones entre los diversos eslabones de la cadena productiva”. Por su parte, otros autores afirman que en la medida en que la comunidad progresa hacia una etapa de conciencia grupal, existe mayor posibilidad de disponibilidad local de capital social (Pretty y Ward, 2001:220). Mientras tanto, Vázquez Barquero (2007:198) destaca que “el territorio socialmente organizado y sus rasgos sociales, culturales e históricos propios son aspectos muy importantes desde la perspectiva del desarrollo local”.

En Venezuela, el término ES ha sido introducido en la Constitución Bolivariana de 1999, a partir de dicha base se han sancionado un conjunto de leyes que propician una fuerte intervención estatal en el área financiera, técnica y de capacitación, con el propósito de alcanzar el desarrollo endógeno y humanista. Existen en el ordenamiento jurídico distintos tipos de emprendimientos sociales: cooperativas,  empresas de producción social,  microempresas, entre otros,  que permiten impulsar la participación en los procesos económicos (Hintze, 2010:22). También forman parte de ese proceso los consejos comunales y comunas,  que representan las  nuevas formas de organización de la ES, orientadas a la creación y desarrollo del Estado Comunal (Pérez, 2001:18).

En España, el marco legal en el que se fundamentan las entidades de la ES parte de la cláusula de igualdad social en los artículos 1.1, 9.2 de la Constitución Española (1978) y en los artículos 40, 41 y 47, que disponen el fuerte arraigo de las mismas en la economía social. Sin embargo, fue desde el año 1990 que la ES empezó a tener un reconocimiento expreso por parte de las instituciones públicas, a partir de la creación del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES) por la Ley 31/1990. Bel y Ausín (2007:56) afirman que “las cooperativas son por excelencia las sociedades sobre las que recae el concepto de empresa de participación” y como lo menciona  Pérez (2017:144), éstas “han gestionado los cambios de forma económicamente eficiente y socialmente responsable para contribuir a la cohesión social y territorial”, pero su configuración actual está determinada por la Ley 5/2011, que  incluye a las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo y las fundaciones, y con su  modificación mediante la Ley 31/2015  se completa el marco normativo para el fomento de la ES española en materia de autoempleo, fomento y promoción del trabajo autónomo.

En resumen, los cambios que se han ido generando en el ámbito económico de ambas regiones rurales tienen una orientación social que incluye estructuras económicas compatibles con el nuevo rumbo que ha tomado la economía en la búsqueda del  bienestar colectivo. Ante este contexto, se busca responder a la siguiente interrogante: ¿De qué manera  la ES  constituye una alternativa de participación de las comunidades en las regiones rurales para contribuir con el desarrollo económico y social?

El estudio incluye una combinación metodológica cuantitativa y cualitativa (Bericat, 1998:77), con la aplicación de encuestas,  y entrevistas. Se hizo uso del método de trabajo en grupos con la participación de productores, técnicos y trabajadores de distintas instituciones. Asimismo se realizó consulta a expertos y se siguió el método de observación en el trabajo de campo.

Los resultados se centran en los aspectos sociales, productivos y económicos  más relevantes de los productores agropecuarios, quienes participan integrados en formas de organización para la producción y venta de sus productos, mediante relaciones de cooperación y mutuo apoyo, como prácticas de la economía social (Tablas 1 y 2).

De los datos anteriores se desprende que en materia agrícola, la región venezolana  presenta un alto potencial, y la ES tiene un reconocimiento amplio, sin embargo opera en unas particulares circunstancias de desencuentro entre los procesos de producción y su disposición final para el consumo, lo que genera conductas irregulares como el acaparamiento, especulación y la presión inflacionaria. En tanto que en materia de ganadería, en la región española, existe un grave  problema de ausencia de relevo generacional, y una crisis de precios de leche cruda del ovino en detrimento del productor.

CONSIDERACIONES FINALES

Desde la perspectiva de estas comunidades rurales, la ES abre nuevas oportunidades y retos a los pequeños productores organizados. En los países en desarrollo, es crucial la creación de un entorno favorable por tres vías: los mercados, la infraestructura y la provisión de recursos con  participación del gobierno, el sector privado y la sociedad civil activa, organizada y permanente en las comunidades, y en conjunto,  la mejora de la productividad y promoción de la innovación, que favorecen el  aumento de la rentabilidad en el mediano y largo plazo. En tanto que, en los países desarrollados persiste el desplazamiento de la población rural hacia las ciudades, aunado al hundimiento de los precios de los productos agropecuarios, por lo que existe la necesidad de un desarrollo rural  encauzado a proporcionar fondos para promocionar el progreso económico de los habitantes en las zonas rurales mejorando la productividad, y con ello, las cadenas de distribución y de comercialización.

BIBLIOGRAFÍA

Bel Paloma y Ausín, José. 2007. “Contribución de las sociedades cooperativas al desarrollo territorial”. REVESCO Nº 92 – Segundo Cuatrimestre, p. 41-71.

Bericat, Eduardo. 1998. La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la Investigación Social: Significado y medida. Edición ilustrada. Ariel Sociología. 189 p.

Hintze, Susana. 2010. La política es un arma cargada de futuro: economía social y solidaria en Brasil y Venezuela. 1ª. Edición. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO. 240 p.

Pastore, Rodolfo y Altschuler, Bárbara. 2015. “Economía social y solidaria en clave de desarrollo socio-territorial en Argentina. Conceptos, políticas públicas y experiencias desde la Universidad”. Revista: EUTOPÍA. Número 7: 109-128.

Pérez C., Edelmira. 2001. “Hacia una nueva visión de lo rural”. En: Una nueva ruralidad en América Latina? Colección Grupos de Trabajo de CLACSO. Compilación por  Norma Giarracca, p. 17-29.

Pérez, José M. 2017. “Aplicación, desarrollo y reforma de la Ley 5/2011 de Economía Social. ¿Un derecho debilitado?” REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos. Ediciones complutense, España. Vol 125: 134-158.

Pretty Jules and Hugh Ward. 2001. “Social Capital and the Environment”. World Development, Vol. 29 issue 2, 209-227.

Vázquez Barquero, Antonio. 2007. “Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial”. Asociación Española de Ciencia Regional España. Revista Investigaciones Regionales, No. 11: 183-210.

 OTRAS REFERENCIAS

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 36.860. 1999, diciembre, 30. Reimpresa por error material del ente emisor. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 5463. Extraordinario, marzo 2000.

Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311. Pág. 29313 a 29424, 112 p.

Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado. Boletín Oficial de Estado No. 311 de 28 de diciembre de 1990. Pág. a 38688 (45 p.) España.

Ley 31/2015. Modificación  y actualización de la normativa en materia de autoempleo y se adopción de medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. Boletín Oficial de Estado No. 217, de 10 de septiembre de 2015. Pág. 79824 a 79848 (25 p.). España.

 

Acerca de Haydee Bolivar

Investigadora visitante del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, España. Becaria del Programa de Estancias cortas Postdoctorales de la Fundación Carolina, 2018-2019. Profesora del Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela.
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