La interpretación de los silencios

Sobre la jornada de adhesión a la interposición del recurso de Referéndum contra la ley N° 18.987 (Interrupción Voluntaria del Embarazo)

El domingo 23 de junio pasado vivimos otra jornada de adhesión a la interposición del recurso de Referéndum en Uruguay, otro pre-referéndum.  En esta oportunidad, como en otras pasadas, no se consiguió el apoyo necesario para que la norma en consideración sea pasible de ser referendada. Consecuentemente, se puede afirmar que por el momento la Ley 18.987 sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo está firme.  Que la ley este firme no significa necesariamente que este “escrita en piedra”, ya que “técnicamente” se podría intentar otro referéndum (aunque las chances sean virtualmente nulas, por el poco tiempo disponible y los apoyos concitados), o intentar su derogación vía iniciativa popular de reforma constitucional, o vía legislativa regular.

Como sabemos, tanto los pre-referéndums como las iniciativas populares de reforma constitucional carecen de papeletas por el No.  Así, volvemos a ver una y otra vez como se llueve sobre lo mojado: qué quiso decir la ciudadanía y cómo interpretamos a los que no participaron: ¿actuaron por desidia o por convicciones liberales?  ¿Por dejadez o por convicción?  Nunca lo podremos saber a ciencia cierta.

Posiblemente, dependiendo del lado que uno esté en los contenciosos políticos tendrá efectos sobre cómo se interpretarán estos “silencios”.  Los que están a favor de la norma, tenderán a ver (con matices, por cierto, pero seguirán viendo) un acto de convicción popular para que la ley quede firme.  Los contrarios a la norma, argumentarán que no se le puede imputar un deseo específico a los que no votaron.

Los paralelismos con los intentos sobre la derogación/anulación/eliminación de la Ley de Caducidad son inevitables.  Obviamente no pretendo discutir sobre los contenidos de las leyes aludidas, sino sobre la mecánica institucional de los mismos actos.  Reafirmo mi postura que estos actos de adhesión son problemáticos por dos motivos fundamentales.  Primero, por el potencial problema de presiones indebidas (que la firmas minimiza), y segundo, mi punto principal (que incluye también a las iniciativas populares de reforma constitucional), por las interpretaciones que se le dan a los resultados y los efectos que estas generan.

Si estamos de acuerdo como ya se discutió en innumerables oportunidades sobre la Ley de Caducidad, que el no haber logrado una mayoría para su intento de anulación en 2009, no significa necesariamente que la mayoría de la ciudadanía respalde a la ley, el hecho que este domingo 23 de junio pasado no se haya conseguido la mayoría para un referéndum, tampoco significa que necesariamente la mayoría respalde la Ley.  Para ser correctos, lo único que podemos decir certeramente es que en ninguna de las dos oportunidades hubo mayorías populares dispuesta a terminar con las normas respectivas.  Pero no mucho más que esto.

El que la mayoría no haya votado positivamente a favor de un recurso de referéndum, no implica, ni debe interpretarse, que la mayoría ratifique la ley.  En esto, es notable el paralelismo de los argumentos esgrimidos por tanto por SERPAJ (y otras organizaciones) así como por el heterogéneo Plenario de Organizaciones Pro-Vida.  De lo contrario, habría que admitir que la Ley de Caducidad fue ratificada dos veces, cuando solamente lo fue una única vez en 1989.  No se puede deducir que aquellos que no votaron estaban explícitamente tomando una postura por la Ley.

Posiblemente alguno dirá que son nimios detalles legalistas, temas para abogados constitucionalistas o politólogos.  Pero el cómo interpretamos el deseo popular tiene implicancias en cómo construimos la ley, cómo la aplicamos, y cómo accionamos políticamente.

 

Ley 18.987

Sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Ley 15.848

Sobre la Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado

Varios

Senadora Constanza Moreira (MPP-FA)[1]

  • Tabaré Vázquez afirmó que lo del domingo 23 es el “punto final y definitivo de este episodio”.
“(…) es un error interpretar la voluntad popular a partir de su silencio (sólo hubo papeleta por el “SI”, por la cual se pronunció el 48% de la ciudadanía; no hubo en cambio, papeleta por el “NO”, y ello impide saber exactamente cuál fue la voluntad expresa que manifestó el 52% restante), lo que constituye una interpretación contrario sensu no válida jurídicamente.Es asimismo un error afirmar que la ciudadanía “se pronunció” por mantener la ley, ya que esta decisión es explícita cuando hay un pronunciamiento positivo (…)”
  • Mónica Xavier, Presidenta del FA argumentó que “la gente se expresó no compareciendo ante las urnas”.
  • Comité Central del Partido Comunista del Uruguay (PCU) emitió una declaración en la que expresa su “satisfacción por la madurez” del pueblo uruguayo, que “decide acorde a su conciencia”.

 

En Uruguay, la soberanía popular convive con los mecanismos representativos y de acuerdo a la Constitución de la República, ninguna de las formas en que la nos articulamos como soberanos está supeditada a la otra.  No existe superioridad de lo directo sobre lo representativo, ni de lo representativo sobre lo directo.  Estas esferas, tienen que convivir, lo que no significa que evitemos mejorarlas en la medida que podamos.  Uruguay tiende a ser visto como una democracia de alta calidad: para mantener este estatus hay que prestar atención a los problemas de su diseño y evitar futuros dilemas (como estos sobre la “interpretación del silencio”).

Acerca de David Altman

David Altman es profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile

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