La representación política en Bolivia: del Congreso Nacional a la Asamblea Plurinacional

En enero de 2009, la nueva Constitución Política de Bolivia borró el nombre de Congreso Nacional y lo sustituyó por Asamblea Legislativa Plurinacional. Este cambio es sintomático en más de un sentido, pues concuerda con los cambios en la cualidad institucional, en el discurso y en las prácticas políticas parlamentarias. El imaginario y el simbolismo que rodeaba al viejo Congreso Nacional remitía a las cualidades de la democracia representativa de cuño liberal: una, la pretendida autonomía del parlamentario que permitía transformar las demandas particulares de electores concretos en leyes de interés nacional, que trascendían todo tipo de particularismo y parroquialismo; dos, la idea de que el bien común podía discernirse mediante la deliberación o el intercambio racional de argumentos. Pero además el Congreso era la representación de una sola nación en la cual las fronteras políticas coincidían con las fronteras culturales. El término Asamblea Plurinacional connota más bien un ámbito fuertemente imbricado con lo social, con presencia directa de interés en pugna y con un modelo de actuación parlamentaria que critica la autonomía del representante y reconoce derechos a los electores para controlarlo, demandarle cuentas y modular su actuación.

Más allá de las palabras y sus pequeñas magias, ¿cuáles fueron los cambios de contenido en la representación política? En primer lugar, los datos muestran que en las dos legislaturas que corresponden al gobierno del Movimiento Al Socialismo (2005-2013), el partido dirigido por Evo Morales, la mayoría de los parlamentarios tiene origen campesino. Esta transformación fue gradual, antes de la primera victoria electoral del partido de Evo Morales, en diciembre de 2005, ya se advierte una importante presencia de parlamentarios campesinos e indígenas en el Legislativo. En todo caso, las trayectorias políticas de los actuales parlamentarios son una evidencia de la alta valorización de la experiencia sindical como requisito para acceder a las instancias legislativas nacionales y departamentales en el actual contexto político. El capital social ha reemplazado al capital escolar como fuente de prestigio de los asambleístas.

Asimismo, se constata un notable incremento numérico en la representación de las mujeres y los indígenas. La aprobación de la nueva Constitución y de las leyes electorales ha sido decisiva para institucionalizar las candentes demandas de participación política de esos grupos. La inclusión de estos colectivos en el sistema de representación ha enriquecido y fortalecido a la democracia boliviana, puesto que ha resuelto en gran medida el problema de la sub-representación, sobre todo en el caso de las mujeres. La presencia de mujeres e indígenas ha tenido un gran impacto simbólico: ha visibilizado una agenda de problemas particulares que han sido enunciados sin intermediarios, a través de sus propias “voces”. En ese sentido, el actual parlamento constituye un espejo que refleja de manera más fiel la diversidad social y cultural boliviana.

No obstante, la presencia de grupos subordinados y excluidos, particularmente de los representantes de los pueblos y naciones indígenas, en los recintos parlamentarios no implica a priori una representación sustantiva, es decir una actuación en función o beneficio de los sectores que eligieron a los representantes. Y son justamente las paradojas de la representación indígena las que permiten desentrañar los límites y alcances reales del nuevo sistema de representación. Así, la Ley del Régimen Electoral, promulgada en junio de 2010 creó 7 circunscripciones especiales para garantizar la presencia de indígenas en el parlamento; el problema es que esa cantidad de circunscripciones especiales no guarda relación con el número de pueblos y naciones indígenas. Por ejemplo, los 18 pueblos indígenas que habitan en el departamento de Beni solo tienen derecho a un representante titular y un suplente. Contando titulares y suplentes, solamente 12 de los 34 pueblos indígenas en cada departamento cuentan con un representante en el parlamento.

En la composición de la Asamblea también se constata una fuerte representación corporativa, expresada en las bancadas de los cooperativistas mineros y de los transportistas, entre los grupos más importantes. En estos casos sí podría hablarse de una representación sustantiva pues su actuación está completamente orientada a defender intereses corporativos por medio de un pacto de reciprocidad con el gobierno del partido oficialista que supone el intercambio de fidelidad política (votos) a cambio de ciertas ventajas, sobre todo de leyes que los benefician. La presencia de poderosas corporaciones en el parlamento permite incluir a importantes grupos en la construcción de la decisión colectiva, pero abre dudas respecto a la competencia y transparencia de este cuerpo en la definición del bien común.

Finalmente, la función legislativa de la Asamblea no ha mejorado, probablemente ha empeorado debido a los intereses y las estrategias partidarias, pero también por los intereses corporativo-territoriales de la sociedad representada. Las acciones de fiscalización hacia el ejecutivo han sido abundantes, pero han tenido escasos resultados porque no han cuestionado las grandes políticas gubernamentales y tampoco han involucrado responsabilidades individuales de funcionarios de alta jerarquía. Una parte importante del trabajo parlamentario está consagrado a las actividades de “gestión” y esta particularidad no es desdeñable pues los diputados uninominales han recibido un inequívoco mandato para resolver plataformas de demandas corporativo-territoriales que justamente exigen acciones de gestión ante el poder ejecutivo.

* El texto está extraído del libro: Zegada, M. T. y Komadina, J. 2013. Espejo de la sociedad. Poder y representación en Bolivia. La Paz: Plural (en prensa).

Acerca de Maria Teresa Zegada y Jorge Komadina

María Teresa Zegada es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón y de la Universidad Católica Boliviana. Jorge Komadina es responsable de la línea temática "Transparencia" del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC).

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