La Sala de lo Constitucional, marcando el camino de la independencia judicial en El Salvador

Con la caída del Presidente Carlos Humberto Romero en 1979, El Salvador comenzó el camino de la reforma constitucional, para lo cual se eligió en 1982 una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución que entró en vigor en 1983, y permanece vigente hasta la fecha.

Entre otras novedades, la Constitución del 83 crea la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de una disposición que reza: “…el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano” (art. 183).

Según el profesor Prieto Sanchís el llamado neoconstitucionalismo cuenta con la singularidad de asumir “constituciones materiales” definidas como Constituciones que presentan un denso contenido sustantivo formado por normas de diferente denominación (valores o principios) pero en un mismo sentido, le dicen al poder como organizarse y en ocasiones qué es lo que debe decidir.

Desde 1983 hasta 2009 la Sala de lo Constitucional mantuvo relaciones sosegadas con los demás órganos del Estado basadas en una especie de pacto de no agresión. Si nos remontamos al período 2000-2009 los magistrados del máximo tribunal salvadoreño parecían ir de la mano con el ejecutivo y con parte del legislativo. En esos nueve años fueron muy pocas las sentencias que afectaron a los otros poderes públicos, lo que instauró en la ciudadanía la idea de que no había un real control judicial que limitara el comportamiento de los funcionarios de los otros órganos del Estado.

El máximo tribunal mostraba falta de independencia judicial, imparcialidad y transparencia cuando se le presentaba la oportunidad de resolver sobre asuntos importantes en materia económica, política y social. Sin un control judicial la Asamblea Legislativa actuaba de manera discrecional pues la Sala de lo Constitucional le reconocía esa “libertad” en la modificación de leyes sin tener el valor de recordarle que la Carta Magna es un límite para el legislador.

La independencia judicial se entiende como la autonomía del órgano judicial para emitir y tomar decisiones en los casos que se someten a su competencia contando con jueces éticos y competentes. Esta independencia judicial no debe ser vista como algo que obstaculiza las funciones del Estado ni como algo que contradice el sentido de unidad e interrelación que debe existir entre los poderes públicos sino que supone el ejercicio efectivo de la función de administrar justicia bajo los principios universales de independencia judicial como son justicia, igualdad, imparcialidad, integridad, dignidad, publicidad, bien común y legalidad. La independencia judicial es una garantía para el ciudadano, dado que una administración de justicia autónoma e independiente le da seguridad al ciudadano de que sus conflictos se resolverán conforme a la ley. Nada más, pero nada menos.

La Asamblea Legislativa se acostumbró a aprobar leyes sin discusión previa, condonó el pago de multas de tránsito para favorecer a empresarios de transporte a pesar de haber una prohibición expresa en la Constitución, aprobó normas que permitieron al ejecutivo realizar transferencias de fondos de un ramo a otro sin necesidad de pasar por el parlamento, emitió una ley en donde eximía de responsabilidad a los dueños de los medios de comunicación y conductores de programas radiales o televisivos sobre posibles delitos relativos al honor, además fijó como requisito estar afiliado a un partido político para poder optar a una diputación, entre otros casos.

El 17 de julio de 2009 se celebraba en la Asamblea Legislativa de El Salvador el acto de juramentación de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Edward Sidney Blanco Reyes, Florentín Meléndez Padilla. José Belarmino Jaime, Rodolfo Ernesto González Bonilla. Ellos fueron los cuatro abogados designados por el Parlamento salvadoreño para ocupar las magistraturas del máximo tribunal de El Salvador.

Una vez en posesión de su cargo, los cuatro nuevos magistrados tomaron una postura de probidad, denunciaron una serie de abusos en el órgano judicial, hicieron un inventario de demandas no resueltas con una mora judicial de 10 años. Según el magistrado Sidney Blanco: “Se acordó dictar sentencias acudiendo a prioridades: los casos más antiguos, los más complejos y los más urgentes. Se impuso una disciplina de trabajo.”

Para el año 2011 se declararon inconstitucionales aquellas actuaciones de la asamblea legislativa en la que anteriormente actuaban con discrecionalidad como aprobar leyes sin previa discusión, la exoneración de deudas a favor del Estado, derechos políticos electorales, transferencias de fondos sin control legislativo y se prohibió la denominada “partida secreta”.[1]

Una de las sentencias con mayor impacto político fue la inconstitucionalidad 61-2009 que declaró inconstitucional el estar afiliado a un partido político para acceder al cargo de diputado y las listas cerradas y bloqueadas, pues las listas cerradas limitaban de acuerdo se leía en la declaración: “el derecho de los ciudadanos a ejercer el sufragio activo libremente, con plena capacidad de opción, es desproporcionada”, que provocó una alteración en los partidos políticos acostumbrados a que los diputados respondieran a los intereses del partido que los colocaba en el cargo.

Los magistrados han dado a la Sala de lo Constitucional un aire de necesaria renovación que sin embargo ha ocasionado múltiples choques, tanto con otros poderes del Estado como con algunos de sus propios colegas. Los miembros del máximo tribunal son conscientes que han conmocionado al poder político con sus fallos y saben que con su rol activista ponen en juego su puesto dentro de la Corte Suprema de Justicia. En una entrevista, el magistrado Rodolfo González afirmaría: “Creo que estamos siendo un tribunal incómodo porque las interpretaciones constitucionales que estamos haciendo no han sido las tradicionales, acomodaticias y en alguna medida estamos recordándole a los otros órganos sus límites. (El Faro, julio 2010).

En los ocho años que llevan en el cargo estos jueces han demostrado actuar con la autonomía que su puesto requiere. Y es que a partir su nombramiento la Sala de lo Constitucional empezó a adquirir un rol más protagónico dentro de la vida jurídica y política de El Salvador con resoluciones que no han dejado indiferentes ni a propios ni a extraños. Además ha aumentado la confianza para recurrir en la defensa de los derechos fundamentales (vía amparo) y de la propia Constitución (vía inconstitucionalidad).

La Sala de lo Constitucional ha emitido sentencias relativas a derechos económicos y sociales en pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se destacan fallos relativos al derecho a salud, estabilidad laboral y libertad de sindicalización.

Esta Sala de lo Constitucional, sin duda va a marcar un antes y un después en el quehacer del órgano Judicial de El Salvador ya que se ha convertido en el referente del nivel de autonomía que debe mostrar un magistrado encargado de interpretar y aplicar la Constitución.

La independencia en la toma de decisiones resulta clave para salvaguardar la garantía de derechos fundamentales y dar la seguridad jurídica que tanto necesita el país. No obstante son evidentes los riesgos para los magistrados que conforman la Sala de lo Constitucional, como una posible remoción de sus cargos, acusaciones en materia penal, además de los intentos constantes de desprestigio.

Se espera que en junio de 2018, cuando los magistrados deban dejar sus cargos y dar paso a una nueva sala ésta pueda mantener el mismo grado independencia respecto del ejecutivo y del legislativo. Los salvadoreños confían en que la autonomía del máximo tribunal se institucionalice, para eso se necesita que quienes los releven sean jueces responsables y entiendan que la independencia judicial no se negocia.

Bibliografía

Sala de lo Constitucional (2010). Inconstitucionalidad 61-2009. San Salvador.

Sanchís, L. P. (2004). El Constitucionalismo de los Derechos. Revista Española de Derecho Constitucional, 47-72.

Sergio Arauz, D. V. (julio de 2010). Nosotros somos los indicados. El Faro.

 

[1] Partidas que podía usar el Presidente de manera discrecional sin estar sujetas a control ni rendición de cuentas.

Acerca de Bryan Omar Guevara

Graduado en Derecho. Universidad Dr. José Matías Delgado. Abogado y notario. Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca. Curso 2016-2017.

Una respuesta a La Sala de lo Constitucional, marcando el camino de la independencia judicial en El Salvador

  1. Carmen Alicia 25 Abril, 2017 at 20:10 #

    Excelente análisis descriptivo y de gran valor e interés para nuestra sociedad.
    Lo felicito Lic. Bryan Omar Guevara.
    Espero verle muy pronto ejerciendo sus servicios para este pueblo, que requiere de personas sanas, saludables, transparentes y conocedores de verdad.

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