Los idus de Marzo en América Latina y la agenda pendiente

La maniobra golpista por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional ha generado una suerte de déjà vu con el golpe que llevó adelante Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Las circunstancias y efectos fueron distintas aunque en ambos casos se trata de un mismo fenómeno: la deriva autoritaria de gobiernos elegidos por la voluntad popular que una vez en el poder lograron jaquear y maniatar la división de poderes, la autonomía del poder judicial y la libertad de prensa.

Fujimori disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial en una sola movida. El sorpresivo zarpazo que liquidó la división de poderes se produjo en un contexto de desafección generalizada de la ciudadanía con un sistema político con partidos débiles y una crisis hiperinflacionaria en la economía. La movida golpista encontró así un considerable apoyo y desde esa posición de fuerza Fujimori construyó una hegemonía que le permitió gobernar casi sin controles ni oposición hasta 1998, momento en que la expansión de la economía comenzó a registrar un ciclo menos favorable. Junto a una economía en descenso el régimen se derrumbó en el año 2000 con los diversos escándalos de corrupción y abusos de derechos humanos que comenzaron a salir a la luz pública. El último acto de esa tragedia fue un supuesto viaje oficial al extranjero que Fujimori utilizó para refugiarse en Japón. Una vez allí, protegido de cualquier acción judicial en su contra por su condición de ciudadano japonés, mandó su renuncia a la presidencia.

En Venezuela estamos viendo uno de los últimos actos desesperados de un camino cuesta abajo y sin retorno de erosión del estado de derecho que se  ha ido cocinando a fuego lento a lo largo de 18 años. La estocada mortal a la Asamblea es parte de la etapa final y decadente de la construcción de una dictadura forjada gracias al apoyo conseguido en esa coyuntura económica internacional sin precedente histórico. El precio del barril de petróleo que dejó durante muchos años unos excedentes extraordinarios permitió un sostenido apoyo de amplios sectores que sucesivamente se fueron confirmando en los numerosos procesos electorales que se celebraron. La concentración del poder asfixiante, que dejó como saldo una sociedad altamente polarizada y una crisis humanitaria que se agudiza sin pausa, resiste todavía tambaleante en su búnker gracias al apoyo de las fuerzas armadas pero dando manotazos para evitar el ahogo.

Mientras la maniobra del aspirante a monarca absoluto liquidaba el último espacio que brindaba algún equilibrio político en Venezuela, una turba enardecida incendiaba el congreso paraguayo en protesta por el intento de forzar legalmente la habilitación de la reelección presidencial que la constitución de ese país expresamente prohíbe. La situación de Paraguay no puede ser equiparable a lo que está sucediendo en Venezuela pero forma parte, en signo distinto, de una dinámica de desequilibrios con intensidad variable que nos acosa todavía en la región y que nos cuesta superar a pesar de la consolidación de democracias electorales con niveles de alternancia que en general han sido aceptables y comparables a lo que sucede con regímenes democráticos consolidados[1].

Chile y Uruguay, por su larga tradición histórica con partidos políticos fueron probablemente los casos excepcionales que salieron mejor parados en esta tóxica dinámica que viene postergando la posibilidad de dar a luz democracias que, además de funcionar en su dimensión electoral sean gobernadas sin vulnerar el estado de derecho, y produciendo a la vez resultados en materia social para las mayorías que esperan formar parte de la fiesta.

Nos queda pendiente entonces la articulación de una nueva legitimidad que asegure no solamente la celebración de elecciones periódicas sino que se sustente en un cambio estructural en los modos de gobernar, con mayores resultados sociales y con una inyección de testosterona  que potencie los poderes judiciales en la prevención y sanción contra la corrupción. En esa andadura virtuosa que como resultado generaría democracias con mayor calidad, será necesario incluir también una discusión sobre el modo de acumulación, captación de renta pública y distribución de recursos en nuestras economías, algo que no pudimos, no supimos o no quisimos todavía abordar a fondo en la región.

Esa compleja agenda que traiga como resultado democracias de mayor calidad está pendiente desde hace tiempo según diversos estudios de opinión pública y es la agenda que seguirán esperando y demandando los ciudadanos de nuestros países.

[1] Ver el comentario de Manuel Alcántara en El País http://elpais.com/elpais/2017/04/03/opinion/1491210895_375515.html

Acerca de Santiago Mariani

Profesor Universidad del Pacífico, Perú. Coordinador de la Maestría en Ciencia Política (Universidad Antonio Ruiz de Montoya).
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