Los límites de la democracia colombiana

El pasado 17 de junio, Colombia escogió en segunda vuelta a Iván Duque como su presidente. Por un lado, el candidato del Centro Democrático y pupilo del expresidente Álvaro Uribe Vélez se impuso con un 53% de los votos frente al 43% que obtuvo Gustavo Petro, ex guerrillero de la Coalición “Petro Presidente”. En la campaña que dirimió la contienda, el proceso de paz fue una de las cuestiones que mayor tensión generó. El Centro Democrático con Uribe a la cabeza logró aglutinar bajo su ala a la facción que cuestionaba la iniciativa más ambiciosa de la presidencia de Santos. En el otro lado de la alambrada, la victoria de Duque hizo sonar todas las alarmas por los interrogantes que se abren para la consolidación del proceso de paz y de las instituciones de la democracia en Colombia.

A partir de la nueva configuración política en Colombia, intentaremos revisar y plantear los diversos escenarios que se abren con la victoria de Duque y los principales dilemas que podrían tener lugar en la dinámica de la política colombiana. El enfoque de este breve ensayo gira esencialmente, aunque no exclusivamente, en torno al proceso de paz, la cuestión que a nuestro criterio resulta medular en el futuro de este país y posiblemente, de la región.

La revisión y el retroceso de la paz negociada entre Santos y las FARC es el objetivo más ambicioso de un uribismo, a través de Duque, que busca revancha en su regreso al poder. La consolidación del proceso de paz, que tanta nausea le genera a Uribe terminaría con el conflicto armado interno má largo de la historia reciente y con el único conflicto de la región que ha tenido esos niveles de violencia. El principal argumento opositor al proceso que sedujo a los votantes que eligieron a Duque gira en torno a la falta de castigo a los máximos responsables de los crímenes que se cometieron en Colombia y el “premio” en forma de curules en el congreso con su incorporación a la política, la obtención de financiamiento para formar un partido político, y una justicia especial para la paz que privilegia la verdad y la reparación por encima de la justicia penal. El relato del cuestionamiento a todo lo que implica la paz junto con la supuesta amenaza de la instauración del “castro-chavismo” por parte de la opción liderada por Petro, principal representante de la izquierda colombiana, puso en guardia a esa mayoría de colombianos que le dieron la victoria a Duque. Esa simplificación sobre el sector de oposición que encontró eco favorable durante la campaña no representa toda la historia ni lo que está en juego.

Habiendo culminado el proceso electoral y los fuegos de artificio que impactaron en la psiquis de muchos votantes, un punto esencial en la dinámica política que se abre es determinar hasta dónde el proceso de paz en marcha corre peligro con la llegada de Duque a la presidencia. Un retroceso suena algo descabellado sobre todo si tenemos en cuenta que, desde el punto de vista político, jurídico y económico, la jugada podría ser catastrófica para el nuevo gobierno. Desde el plano político, no pareciera posible su reversión porque casi la mitad de la población colombiana votó por el candidato de alternativa Petro que representa el sector que apoya la paz; mientras, en el plano jurídico existe un andamiaje legal nacional e internacional creado para blindar los acuerdos, recordemos que la Corte Penal Internacional, de la cual Colombia forma parte dio el visto bueno a los acuerdos; y por último, en el plano económico, existe un compromiso de movilización sustancial de recursos locales e internacionales para hacer viable la implementación de lo acordado. Ello supone también cuantiosas inversiones que podrían llegar al país atraídas por las enormes posibilidades de rentabilidad que asegurarían un mercado con menores niveles de conflictividad política.

Como parte de esa coyuntura, debemos señalar que la amplitud de derechos que los colombianos supieron afianzar durante estos últimos años les permitió un ejercicio de los mismos que difícilmente estén dispuestos a revisar. La participación en los procesos electorales y el apoyo público a los candidatos de su preferencia, sin temor a represalias, el poder volcarse masivamente a las calles para repudiar actos de violencia o para reclamar por derechos, conforman notables avances que fueron posibles por las condiciones del proceso de paz. Los logros y conquistas que tanto costaron no podrán ser fácilmente conculcados por los sucesivos gobiernos.

Hay que anotar también un creciente acceso y uso de las redes sociales como canales para expresar ideas. Ello refuerza la tesis de que una vez que se alcanzaron ciertos derechos civiles y políticos y que la población se apoderó de ellos, es muy difícil volver atrás. La revisión y retroceso a este contexto, en el que la paz es la viga principal que sostiene un edificio de mayor perspectiva democrática representaría un costo político muy alto para el mandatario entrante. Al costo interno se le sumaría otro internacional, con base en el respaldo unánime conseguido por el expresidente Santos. La comunidad internacional y en especial la región apoyaron el proceso e incluso lograron que las instituciones internacionales, en especial Naciones Unidas, colaboraran en todo lo necesario para la culminación exitosa de lo negociado en la Habana. El apoyo internacional cosechado, cabe recordar, que no solo fue político sino institucional y económico.

Si bien el relato que más entusiasmó en esta elección fue el que lideraron Uribe y Duque, los resultados obtenidos hasta ahora, a un año y unos meses más de la firma del acuerdo y gracias a la terminación del conflicto armado, representan en conjunto datos objetivos y concretos de una marcha que no parece factible de ser impugnada. Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, en el proceso se han entregado cerca de 9.000 armas, se alcanzó la tasa de homicidios más baja en la historia de Colombia hasta enero del 2018 con 24 homicidios cada 100.000 habitantes, en 673 municipios afectados por las minas antipersona, hay unos 180 que ya están libres de ellas, generando una reducción en 2017 del número de víctimas en un 97% comparado con el 2006. Si bien, hasta ahora solo se ha realizado un 18.5% de lo acordado y se ha tramitado 12 de las 34 medidas previstas para el primer año de implementación del acuerdo, lo cierto es que las cifras revelan un avance en materia de derechos humanos y desmovilización sin igual en la historia del conflicto colombiano.

La coyuntura, tal cual se presenta, parecería entonces indicar que Duque se centrará en intentar llevar adelante los ajustes institucionales necesarios para que el expresidente Uribe salga ileso de la “persecución jurídica”, de la que según alega es víctima, sin que ello suponga patear el tablero de la gobernabilidad y revisar in totum los avances conseguidos con la paz. Además, por supuesto de que el nuevo gobierno intentará ejecutar algunos cambios al proceso de paz acordado, aunque sin afectar su esencia, esto es, sin detener la implementación de la paz con sus acuerdos respectivos.

La hipótesis sobre la baja probabilidad de revertir o debilitar el proceso de paz, podría reforzarse aún más con la situación que se vive del otro lado del mostrador. Las FARC han quemado las naves y sería muy difícil un regreso a las armas con sus miembros ya identificados públicamente, con gran parte de su arsenal destruido y con sus caletas descubiertas. Más importante es el hecho de la falta de voluntad política de sus altos mandos de retomar la lucha armada. El punto es que, si a pesar de todo ello decidieran de todas maneras regresar a la lucha, el riesgo de ser derrotados militarmente por el ejército, en esta ocasión, sería mucho mayor. Las óptimas condiciones que consiguieron en la mesa de negociaciones como canje a su desmovilización, parecieran ser incentivos suficientes para desalentar el regreso al conflicto.

Finalmente, más allá del tema del acuerdo de paz, existe otro interrogante que surge con la llegada de Duque a la presidencia, y es el que parece girar en torno a los cambios institucionales sugeridos por el Centro Democrático sobre la administración de la justicia. Los cambios que se proponen tienen a Álvaro Uribe Vélez como su mayor abanderado, es así que este ha sostenido lo siguiente: “…sentíamos respeto reverencial por nuestra justicia y nuestra corte mayor. Hoy se ha perdido. A ello han contribuido varios elementos, la proliferación burocrática de instrucciones de justicia, la penetración e interferencia de la politiquería y que muchos administradores de justicia cayeron en cruces de gajes y favores del Ejecutivo y con otros órganos del Estado”. Para recuperar esa confianza, que según el senador se ha perdido, la propuesta que es apoyada por el presidente electo es una unificación de las altas cortes en una sola, que incluye a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral.

La reforma en cuestión reviste un doble peligro, tanto por la unificación que concentraría en menos instancias las decisiones judiciales, como también por la forma que terminaría conformada esa sola corte.  La evidencia sobre el proceder en las designaciones demuestra, a nivel regional, que el ejecutivo tiene una alta incidencia en la designación de los jueces que conforman el alto tribunal, incluso cuando debe pasar por un control y aprobación por parte del congreso. Una justicia con menos instancias de revisión y con menos jueces, tendría mayores probabilidades de ser penetrada y quedar a merced del tráfico de influencias o simplemente como un apéndice de los deseos del ejecutivo. Las altas cortes que funcionan en la actualidad garantizan de mejor manera pesos y contrapesos jurídicos, que por ejemplo en su momento sirvieron para frenar las ambiciones reeleccionistas del propio Uribe.  Los límites del sistema democrático colombiano serán puestos a prueba con la idea de esta reforma. El retroceso en la administración de justicia podría abrir la puerta para una democracia de menor calidad y con una hegemonía política asfixiante.

El dato esperanzador para Colombia, pero también para la región, es que por primera vez el progresismo da muestras de estar estructurándose como opción política viable. Eso significa que una parte considerable de la ciudadanía colombiana está buscando alternativas y equilibrios ante estos intentos de maniatar las instituciones democráticas, pero también significa que aquellos que ven como inexorable el giro a la derecha en la región van a tener que revisar sus propias certezas.  Sino, pregúntenselo a México.

Acerca de Rodolfo Colalongo y Santiago Mariani

Rodolfo Colalongo, doctorando en Sociología, Teoría e Historia de las Instituciones de la Università Degli Studi Di Salerno, Italia (2016-2019). Maestría en Asuntos Internacionales con énfasis de resolución de conflictos de la Universidad Externado de Colombia, Colombia (2010-2012).Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina (2003-2009).
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