Mecanismos de fiscalización del financiamiento electoral

La relación entre dinero y elecciones suele estar contemplada en títulos de numerosos y diversos ámbitos nacionales e internacionales de análisis político. Hay una suerte de conciencia general de la relevancia del tema, pero paradójicamente (o quizás por ello) difícilmente se aborda, se discute o se investiga a fondo. Y no se suele encontrar muchas propuestas de regulación adecuada en pos de garantizar que el financiamiento de la competencia electoral (en definitiva del acceso al poder institucional) sea equitativo y transparente.

Si coincidimos que un adecuado diseño de financiamiento político electoral debe asegurar esos bienes públicos, la equidad y la transparencia, deberíamos también acordar que para ello debe existir un debido ambiente de control, operado por un eficaz régimen de rendición de cuentas y de fiscalización.

La regulación del financiamiento electoral debe alcanzar necesariamente a la puesta en disponibilidad de toda la información sobre el origen y destino de los recursos utilizados y, fundamentalmente,  las consecuentes herramientas institucionales de control.

En este marco se debe prever la dotación de atribuciones que tenga un órgano fiscalizador, su capacidad técnica adecuada para auditar (a las agrupaciones políticas sobre) el origen y destino de recursos públicos y privados utilizados; y consecuentemente se deberá prever las bases sancionatorias por aplicar ante eventuales incumplimientos o trasgresiones.

En esta oportunidad queremos referirnos específicamente a las actividades del control público sobre el financiamiento político.

El Control Público.

Según el manual para las Misiones de Observación Electoral de la OEA (2012) esta importante actividad oficial supone el establecimiento de medios institucionales necesarios, así como mecanismos de revisión, verificación y auditoría de los recursos.

Son distintos los tipos de organismos públicos encargados de desarrollar esta tarea, dependiendo del marco legislativo de cada jurisdicción o país. De la conjunción entre el bien jurídico que cada país expresamente pretenda tutelar y de la densidad normativa de su sistema de control determinará qué tipo de obligación, capacidad y competencia tendrá cada organismo para poder fiscalizar los recursos de las campañas electorales.

Siguiendo el marco analítico planteado por Alonso Lujambio (2007) podremos clasificar los instrumentos de control en: INSTRUMENTOS DE CONTROL DIRECTO, DE CONTROL INDIRECTO y DE INVESTIGACION.

El instrumento directo de control por excelencia es la auditoría de tipo legal y financiera, que  suele ceñirse al control formal de la información que cada fuerza política entrega.

Ya sea por el escaso desarrollo de un área específica, por el limitado número de personal técnico afectado, por la enorme cantidad de información a controlar, o por limitaciones de la ley respectiva, la realidad muestra que este tipo de control  luce insuficiente para detectar, por caso, si el partido usó recursos de fuentes o cantidades prohibidas, o realizó actividades o erogaciones ilegales, y/o no lo registró contablemente, o lo registró falseando datos.

En procura de una estrategia que detecte esas conductas ilegales, se posibilita implementar otros mecanismos que constituyen los llamados instrumentos indirectos de control, encontrando entre los más relevantes:

  • El monitoreo de gasto, que busca evidencias de ingresos y gastos no reportados por el auditado. Tiene límites, porque detecta el gasto que deja huella. Por lo general se trata del gasto multimediático y en la vía pública. Y aunque no es muy considerado aún, otra actividad donde muy prontamente debería auscultarse sería el de actividades y costos de consultoría política.
  • Publicidad de la información financiera de los partidos políticos. Aunque paulatinamente este instrumento indirecto viene aplicándose cada vez más, esta “desclasificación” tiene el riesgo que generar información en tal cantidad es imposible procesar y asimilar por los órganos de control, por los medios de comunicación, o por los votantes (Zovatto 2004). Por ello la utilidad de esa publicidad dependerá del grado de conciencia social existente sobre las reglas de financiamiento, de la forma en que se procesa y transmite esa información, del acceso que el ciudadano tenga con la autoridad pública para aportar datos sobre lo publicado, y de la capacidad de la autoridad electoral para actuar.
  • La articulación colaborativa con otras instituciones oficiales, las que cooperan con datos propios obtenidos de sus funciones, o al detectar un riesgo o desvío y hacérselo saber al controlador específico. Para no caer en una mirada ingenua debe preverse el vínculo o interés de con quien se pretende articular, y el partido político al que se pretenda controlar.

Completando el círculo de los instrumentos de control, las herramientas de investigación buscan revelar y aclarar irregularidades de gran entidad que no suelen dejar huellas fácilmente encontrables, donde se destacan los siguientes:

  • La obligación de todo proveedor de bienes y servicios de responder con integralidad los requerimientos de información sobre sus transacciones con los auditados, que el órgano controlante formule en el ejercicio de su investigación.
  • El acceso a la información reservada sin poder oponérsele los secretos bancario y fiscal.
  • La solicitud a la instancia oficial respectiva para que realice una auditoría específica a determinada persona, a fin de obtener mayor cantidad de información para aclarar un hecho sospechoso.

Otra herramienta que progresivamente se utiliza en diversos países de la región, es la articulación con los observatorios electorales, o las organizaciones de la sociedad civil especializadas. Es de mucha importancia que esta actividad sea además legalmente reconocida, preservada y estimulada; aportando en la recolección, análisis y divulgación de datos, y en el monitoreo de publicidad.

Obviamente, clasificar el conjunto de herramientas no significa entender que alguna de ellas individualmente logrará controlar y detectar todas las irregularidades o ilicitudes. Por el contrario, afirmamos que sólo efectuando una combinación óptima entre mecanismos directos e indirectos, complementándolos a través de instrumentos investigativos, se establecerá un ambiente de control adecuado del financiamiento del sistema político.

Al decir del ya mencionado autor, “La inhibición de conductas contrarias a la ley no se dará porque exista un sistema omniabarcante de patrullaje directo, que resulta por demás imposible de operar, sino porque existe un sistema de alarmas que ofrece a la autoridad electoral elementos suficientes para iniciar una eficaz acción investigadora y eventualmente punitiva.” (Lujambio 2007).

Referencias bibliográficas:

Griner, S y Zovatto, D, (Edit.). 2004. De las normas a las buenas prácticas. El desafío del financiamiento político en América Latina. OEA-IDEA.

Lujambio Irazábal, A. 2007. “La Fiscalización de los gastos de los Partidos Políticos” en Nohlen, Dieter, et al. (comps.). Tratado de derecho electoral comparado de América Latina. 2ª ed. México.

Secretaría General de la OEA. 2012. Observando los Sistemas de Financiamiento Político-Electoral: Un Manual para las Misiones de Observación Electoral de la OEA.

Acerca de Ricardo Gonzalez Dorfman

Ricardo Gonzalez Dorfman es Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magister en Auditoría Gubernamental por la Universidad Nacional de San Martín (UnSaM) y Magister en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III Madrid.

2 respuestas a Mecanismos de fiscalización del financiamiento electoral

  1. Ricardo Gonzalez Dorfman 18 Marzo, 2015 at 22:21 #

    Efectivamente Ivonne, anteriormente tuve oportunidad de leer y bien ponderar el trabajo de Oswaldo Chacón.
    Aunque falta (siempre falta), hay que reconocer que México es de los países que más han avanzado en articulación colaborativa para la auditoría electoral.
    Pero a mi modo de ver la herramienta más importante, que casi nadie en el mundo desarrolla, son los mecanismos de investigación.
    Si no se utilizan para controlar acabadamente el uso de fondos de origen legal, mucho menos llegarán a detectar a los provenientes del crimen organizado. Estoy pronto a profundizar la investigación precisamente sobre este tema tan preocupante, que lesiona los cimientos de la democracia. Y que lamentablemente noto que pocos se le animan.

  2. Ivonne Maya Espinoza 9 Marzo, 2015 at 12:22 #

    El texto es muy interesante, definitivamente como señala la relación entre dinero y elecciones es relevante para la ciencia política. Dicha relación es compleja y se vuelve más complicada en países, como México, donde la corrupción y el dinero del crimen organizado entran al escenario político. Como ejemplo el libro Dinero del crimen organizado y fiscalización electoral de Oswaldo Chacón cuya reseña se puede consultar en file:///C:/Users/ASUS-PC/Downloads/41343-104653-1-PB.pdf. Cabe destacar que las instituciones y tribunales electorales trabajan arduamente para evitar dichas prácticas (dentro de las posibilidades del marco legal) pero aun así no ha sido posible evitar que el financiamiento del crimen organizado este presente en las campañas electorales. De las herramientas que señala observo que en México si bien se aplican las dos primeras ―monitoreo de gasto y publicidad financiera―hace falta trabajar más en la articulación colaborativa.

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