“Percepciones y discursos sobre el retorno de la emigración en la España tardo-franquista y de la transición”

En el contexto de emigración masiva de la España del desarrollismo, los discursos generados por la clase política se centraron en la gestión de las salidas, dejando de lado el tema del retorno. Mientras llegaba lo que se consideraba como el momento propicio para la vuelta de los numerosos españoles expatriados – esto es, la coyuntura óptima para su reinserción en el mercado laboral español – las autoridades franquistas se contentaron con cultivar el llamado “mito del retorno” (Sanz Díaz, 2008: 365).  Para ello, los discursos políticos se acompañaron de múltiples medidas destinadas a reforzar los vínculos materiales, sociales y culturales del emigrante con la madre patria; vínculos de los que dependía el envío de remesas y la canalización de los ahorros del emigrante tan necesarios para el desarrollo económico español.

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Fuente: Portada de la Revista Triunfo, nº 458, 13 de marzo de 1971.

Cuando los efectos de la crisis energética de 1973 provocaron la caída del flujo migratorio y el retorno de miles de emigrantes, los discursos de la clase política franquista buscaron tranquilizar a una opinión pública temerosa de las nefastas consecuencias que el regreso de los 3,5 millones de españoles instalados en el extranjero podían ocasionar en el mercado laboral español.

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Fuente: Revista Carta de España, julio de 1978.

En la cargada agenda política de los años de la transición, la cuestión migratoria ocupó un espacio relativamente periférico, tanto en los debates como en la toma de decisiones. La inserción de España en el marco jurídico y socio-económico de la CEE, la disminución progresiva de la cifra de retornos, así como la incorporación de la cuestión de la “inmigración” a la agenda política española, fueron algunos de los factores que explicarían la escasa importancia que los primeros gobiernos democráticos otorgaron a la problemática “emigratoria”. (Kreinebrink, 2009: 31-33).

De manera general, los discursos sobre el fenómeno migratorio y sobre el emigrante durante los años de la transición se articularon muy a menudo, y desde el amplio espectro político, en torno a la idea de la “deuda que la España democrática tiene contraída con la emigración y con los emigrantes”.[1] En el contexto de construcción de un nuevo marco estatal de esos años de la transición, esta “deuda” pareció querer “saldarse” reservando a la problemática de los emigrantes un artículo específico de la Constitución. Y así, en el artículo 42 se establecía lo siguiente: “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”.

Sin embargo, a falta de una legislación claramente vinculante, este artículo 42 acabó generando un capital más simbólico que real. En efecto, para poder reclamar en última instancia al Tribunal Constitucional el cumplimiento de los derechos concedidos a los emigrantes habría sido necesaria – tal y como reivindicaron numerosos expertos en la materia – la elaboración y aprobación de una nueva ley ejecutiva en la materia; ley que de paso permitiese institucionalizar esta nueva visión del hecho migratorio basada más en el retorno que en la emigración en sí (Fernández Vicente, 2015). Como afirmó por aquel entonces Jordi Solé-Tura: “El artículo 42 de la Constitución es un artículo programático, muy importante, pero precisamente por ser programático puede crear muchas expectativas y muchas frustraciones si no se cumplen. (…) Este artículo (…) deberá inspirar toda la legislación positiva española (…). De momento, esta legislación no existe o existe en mínima parte; está pendiente la Ley de Emigración, y mientras esta ley no sea promulgada, el artículo 42 de la Constitución será, en buena parte, papel mojado. Ningún emigrante puede dirigirse al Tribunal Constitucional aduciendo el artículo 42 pidiendo que le ampare (…). Necesitamos, pues, una Ley de Emigración que no tenemos (…).” (Cases Méndez, 1983: 64-65).

La llegada del PSOE al poder en 1982 creó importantes expectativas en materia de retorno. De hecho, la elaboración de una ley de emigración y retorno fue una de las promesas de la campaña socialista. Sin embargo, escasa fue la atención que desde la esfera política y pública se siguió dando a la cuestión del retorno. El hecho de que durante estos años España fuese convirtiéndose en un país receptor de mano de obra extranjera hizo que la atención de los distintos gobiernos se orientase hacia la cuestión de la entrada de extranjeros y no tanto hacia la salida o regreso de nacionales.

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Fuente:http://inmigracionunaoportunidad.blogspot.com.es/2006/06/vietas-de-eneko-magnficas-20minutoses_17.html

[1] Véase por ejemplo la intervención de Jaime Ballesteros Pulido, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo parlamentario comunista, en el Congreso. En Diario de Sesiones de las Cortes (DSC), nº 15, de 7/06/1979, p. 670.

Bibliografía

Fernández Vicente, María José. 2015. “La Política migratoria española durante los años de la Transición, 1975-1982 ». En Chaput, Marie-Claude, Galeote, Géraldine, Llombart Huesca, Maria, Pujol Berche, Mercè y Tur, Bruno. Coords. Migraciones e identidades en la España plural. Estudios sobre los procesos migratorios. Madrid: Biblioteca Nueva. (39-50).

Kreienbrink, Axel. 2008. “La política de emigración a través de la historia del IEE”. En Calvo Salgado, Luís M., Fernández Vicente, María José, Kreienbrink, Axel, Sanz Díaz, Carlos y Sanz Lafuente, Gloria. Historia del Instituto Español de Emigración. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración (13-33).

Sánz Díaz, Carlos. 2008. “Emigración de retorno desde Alemania y política migratoria durante el franquismo, 1960-1975”. In Anales de historia contemporánea. Nº24 (361-380). http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2573934

Solé-Tura, Jordi. 1983. “La igualdad de los emigrantes con los demás españoles”. En Cases Méndez, José Ignacio. Coord., Emigración y Constitución. Madrid: IEE (51-70).

 

Acerca de Maria Jose Fernandez

Université de Bretagne Occidentale – HCTI
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