Perú: las mujeres en el Poder Ejecutivo

A principios de año, el Blog ConDistintosAcentos.com publicó un artículo escrito por Alejandro Bonvecchi y Carlos Scartascini titulado “La organización del Poder Ejecutivo en América Latina: Lo que sabemos y lo que necesitamos saber”. En este post, los autores resumían su excelente revisión de literatura publicada en la revista Latin American Politics and Society (Bonvecchi y Scartascini 2014) que, entre otras cosas, daba cuenta de un vacío importante en la bibliografía latinoamericana sobre el poder ejecutivo en sí mismo. Este vacío, tanto de estudios de caso como trabajos comparativos, incluía también a los ministerios y los cuerpos ministeriales que han sido estudiados comúnmente en función de su relación con el Legislativo o usados como indicadores de estabilidad de los gobiernos (cambios de gabinetes).

En esa tónica, se emprendió una investigación exploratoria sobre el Poder Ejecutivo en el Perú, especialmente a nivel de los gabinetes ministeriales (o consejos de ministros) en los gobiernos sucesivos a la administración de Alberto Fujimori, evitando de alguna manera entrar en la discusión sobre su rol y relaciones frente al Congreso. ¿Cómo estaba organizado? ¿Qué despachos habían sido creados (y cuáles habían desaparecido)? ¿Cuáles eran los perfiles políticos, técnicos y sociodemográficos recurrentes en los cuerpos ministeriales? Los avances de esta exploración fueron publicados en el número IX de Politai, Revista de Ciencia Política (Sosa 2014). Uno de los hallazgos más significativos fue la evolución de la participación de mujeres en este nivel de gobierno como ministras de Estado; un escenario claroscuro en función de los importantes avances y las brechas aún existentes, especialmente en comparación a la región. En las siguientes líneas se esbozan los principales hallazgos de la investigación.

Para el 2008, el porcentaje promedio de mujeres que ocupaban ministerios a nivel mundial era de 16,1%, tomando solo 22 países –seis de ellos latinoamericanos como aquellos en los que esta cifra lograba superar el 30% (Fernández Poncela 2008: 57-58). Una mirada más cercana a los países latinoamericanos muestra que en 2012 existen importantes variaciones entre países latinoamericanos en que las mujeres dirigen el 41% de los despachos ministeriales en Costa Rica, en Panamá y Chile este porcentaje alcanza apenas el 13% (Rivera-Mata 2012: 81). No obstante, como señala el autor, es importante recordar que, a pesar de los resultados modestos, se trata de una tendencia importante, especialmente respecto a décadas previas.

La tercera ola democrática iniciada en la región en 1978 contribuyó en este aspecto, pues en este período estos casos han dejado de ser “anécdotas” y alcanzaron una participación significativa y, en algunos casos, persistente y en alza. De 34 ministras latinoamericanas entre 1950 y 1979, pasamos a 375 en el período 1980-2007; crecimiento especialmente concentrado entre 1989 y 2007 donde se concentran más del 80% del total de nombramientos (Rivera-Mata 2012: 81; Luna et al., 2007: 9-10). En el Perú, los primeros nombramientos de ministras de Estado se registra durante el primer gobierno del aprista Alan García (1985-1990). Se precisa que en América Latina, la primera ministra, María Santodomingo, fue nombrada en 1950 en Panamá, y en la misma década le siguieron nombramientos en Chile en 1952, Colombia en 1956 y Costa Rica en 1958 (Luna et al., 2007: 7-8).

La administración del Partido Aprista registró un total de cuatro designaciones de mujeres en estos cargos (ver Víctor García Belaúnde 2011). En 1987, Mercedes Cabanillas e Ilda Paroni asumen las carteras de Educación y Salud, respectivamente; mientras que en 1989 María Bockos, independiente, asume el despacho de Justicia y, en 1990, Cabanillas vuelve a ser nombrada como ministra de Educación. Posteriormente, Alberto Fujimori “eleva” esta cifra de designaciones a un total de seis, aunque se trata de una estrategia ambigua y pragmática respecto a la inclusión política y social de la mujer como muestran los trabajos de Cecilia Blondet (2002) y Stéphanie Rousseau (2012). Los paréntesis en “eleva” no son gratuitos: a diferencia de los otros casos, el fujimorato se extendió por casi una década (1990-2000).  Esta presencia empieza desde su primer gabinete con el encargo de la cartera de Educación a Gloria Helfer; posteriormente, en 1994, Liliana Canale asume el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Durante su segundo mandato, Fujimori le encargó en 1996 los ministerios de la Mujer y Transportes a Miriam Scheone y Elsa Carrera, respectivamente; y para 1999, María Valenzuela (Justicia) y María Luisa Cuculiza (Mujer) ocuparon estos cargos.

Gráfico 1: Designaciones de ministras de acuerdo al total por gobierno, 2001-2014 (%)

Captura 2

Fuente: Elaboración propia.

En términos porcentuales, los casos señalados representan apenas el 5% del total de designaciones ministeriales en el primer gobierno aprista y en los dos periodos del fujimorato. Como se observa en el Gráfico 1, durante el gobierno de Toledo esta cifra se duplicó y, cualitativamente, fue importante la designación de Beatriz Merino como la primera presidenta del Consejo de Ministros (jefa del gabinete) en la historia peruana, situación que le dio réditos políticos al desprestigiado gobierno (Grompone 2005, 129-130). En el segundo gobierno aprista, más de la cuarta parte de designaciones eran mujeres y, al final del mandato, Rosario Fernández fue nombrada presidenta del Consejo de Ministros. En lo que va del gobierno de Ollanta Humala esta tendencia parece consolidarse tanto en términos porcentuales, que podría incrementarse al final del mandato; mientras que también se ha nombrado a una mujer, Ana Jara, como primera ministra. Sin embargo, un segundo tema hace que estas cifras no sean del todo alentadoras.

No podemos dejar de señalar que en el consolidado, las designaciones a ministras representan solo el 15,82% del porcentaje total de ministros. De estas designaciones, el 31,8% está concentrado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Gráfico 2). Esta cifra es relevante, ya que el 33,3% de designaciones a mujeres son de casos en los que también tienen militancia partidaria, pero de ese grupo el 73% se concentra, nuevamente, en el Ministerio de la Mujer. La mayor parte de mujeres que ocupa ministerios ajenos a este sector son cuadros independientes. Como señalan Fernández Poncela (2008) y Rivera-Mata (2012), no puede perderse de vista que parece consolidarse una tendencia preocupante de nombrar ministras “por la función que desempeñan” en carteras “femeninas” o comúnmente denominadas “de segunda categoría”. Estas carteras ministeriales “femeninas”, por la proporción entre hombres y mujeres, suelen ser aquellas que se ocupan de sectores como sanidad, cultura y asuntos sociales, mientras que las carteras “masculinas” se ocupan de los sectores defensa, interior o relaciones exteriores (Rivera-Mata 2012: 83)[1]. Estos imaginarios, evidentemente, dejan traslucir un imaginario político no explícito que excluye la participación política no electoral en función de labores estereotípicamente asignadas a las personas de acuerdo al género.

Si vemos el porcentaje de designaciones de ministras respecto al total por sector observamos un panorama similar. El ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no solo concentra el porcentaje mayoritario de designaciones a ministras, sino que ministerios más jóvenes como Desarrollo e Inclusión Social siguen la misma tendencia. El problema, no es que se los nombramientos de ministras se concentren en estos despachos, sino que exista una configuración tendenciosa respecto al género como subrayan los autores antes citados que excluya simbólicamente y en la práctica a las mujeres de otras carteras. Ministerios como Energía y Minas, Defensa, Agricultura, por ejemplo, confirman esta tendencia pues hasta la fecha no se ha registrado ni un solo caso de nombramiento de mujeres en estos puestos.

Gráfico 2: Designación de ministras respecto al total por sectores, 2001-2014 (%)

Captura

Fuente: Elaboración propia.

Ante esto es importante reseñar que las investigaciones hacen cada vez más visible este tipo de brechas llamando la atención no solo en los “números” sino también en los tipos de cargos en los que participan (y no logran participar) las mujeres. Este tipo de iniciativas de investigación y acción se desarrolla tanto sobre la elección en cargos políticos y las dinámicas de relación entre autoridades (ver por ejemplo Guibert y Muñoz 2014; Tello 2014; Barrig 2014), como en espacios académicos y profesionales con la creación de proyectos como el Grupo Sofía, que busca generar la visibilidad de las mujeres que trabajan en las Ciencias Sociales. Esto es importante, ya que se pone el énfasis en que la brecha de participación y designación de mujeres en puestos públicos clave no se debe a la falta de mujeres profesionales competentes en estos sectores o a la baja participación política de la mujer en organizaciones políticas como se argumentaba en algún momento sino a un claro sesgo en la toma de decisión para el reclutamiento de cargos ejecutivos en el Estado.

Bibliografía y referencias:

Barrig, Maruja. 2014. El disciplinamiento de las mujeres: violencia y política en los gobiernos locales. Ponencia presentada en el Seminario “Mujeres en la vida política: El gran cambio en los últimos 50 años”. Organizado por IDEA Internacional y el Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 28-29 de agosto.

Blondet, Cecilia. 2002. El encanto del dictador. Mujeres y política en la década de Fujimori. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Bonvecchi, Alejandro y Carlos Scartascini. 2014.    The Presidency and the Executive Branch in Latin America: What We Know and What We Need to Know. Latin American Politics and Society vol.56, No-1: 144–165.

Yamilé Guibert y Paula Muñoz. 2014. Mujeres y política en las elecciones regionales y municipales, 2002-2014. En Revista Argumentos, Año 8, N°-5: 41-52.

Luna, Elba, Vivian Roza y Gabriela Vega. 2008. El camino hacia el poder: ministras latinoamericanas 1950–2007. Nueva York: Banco Interamericano de Desarrollo.

Rivera-Mata, Juan. 2012. Liderazgo, mujer y sociedad en América Latina. Lima: Universidad del Pacífico.

Rousseau, Stéphanie. 2012. Mujeres y ciudadanía. Las paradojas del neopopulismo en el Perú de los noventa. Traducción de Aroma de la Cadena. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Sosa Villagarcia, Paolo. 2014. ¿Todos los ‘hombres’ del Presidente?: una mirada al Poder Ejecutivo a propósito de los ministros y ministras en el Perú post-Fujimori (2001-2014). Politai: Revista de Ciencia Política, Año 5, N°-9: 29-57.

Tello, Pilar. 2014. Partidos políticos y sistema de cuotas en América Latina y el Perú”. Ponencia presentada en el Seminario “Mujeres en la vida política: El gran cambio en los últimos 50 años. Organizado por IDEA Internacional y el Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 28-29 de agosto.


[1] Se tratan, evidentemente, de tendencias respecto al total de casos en América Latina, en casos como Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay encontramos casos de ministras en el sector Defensa (Fernández Poncela 2008, 58).

Acerca de Paolo Sosa Villagarcía

Paolo Sosa Villagarcía es investigador del Instituto de Estudios Peruanos.

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Una respuesta a Perú: las mujeres en el Poder Ejecutivo

  1. Ivonne Maya Espinoza 30 enero, 2015 at 12:04 #

    Comparto la preocupación por la desigual distribución (por género) de los cargos en el poder en América Latina. Como se observa existen países con un mayor porcentaje de participación de mujeres y otros donde la participación del sexo femenino es baja. Coincido en que no debemos señalar que esto se debe a una baja profesionalización, falta de competitividad, baja participación o poca experiencia como muchas veces se señala. En el caso particular de México se han tenido que hacer varias reformas al respecto para pasar de las cuotas de género a la paridad. En un inicio dicha paridad fue de “fachada” ya que las candidatas, en un alto porcentaje, estaban registradas como suplentes y los hombres como titulares; actualmente se pide a los partidos que las mujeres también acceso como candidatas titulares en igualdad de condiciones.
    En México las mujeres representan el 51.57% de los ciudadanos, de acuerdo con cifras de la lista nominal de electores (con información actualizada al 23 de enero de 2015 por el Instituto Nacional Electoral); por lo tanto es equitativo que ocupen el 50% de las candidaturas. Actualmente la presencia de la mujer en los cargos políticos y públicos está creciendo de forma gradual con miras a alcanzar la paridad en los próximos años. Ojala que esta corriente se pueda apreciar en toda América Latina.

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