Pincelazos históricos del amparo, universales y nacionales (Nicaragua)

El amparo es una institución jurídica del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal Constitucional, en cada país adopta diferentes nombres, de acuerdo con los sistemas legales propios, por lo que se le denomina juicio de amparo, amparo, acción de amparo, recurso de amparo, recurso de amparo de garantías constitucionales, acción de tutela, acción de protección, acción de amparo constitucional, recurso de protección y amparo constitucional. En este artículo[1] se usa la categoría genérica de amparo y para referirse a algún país se emplea la forma legal de ese contexto nacional particular.

El amparo es definido de múltiples maneras en Iberoamérica: una institución que está asociada a la tutela de los Derechos Fundamentales (Fix-Zamudio, 1992); una garantía constitucional contemporánea (Ferrer Mac-Gregor, 2006); una herramienta jurídica que protege al ser humano en sus derechos fundamentales entre ellos su dignidad como persona y su autodeterminación como ser libre, frente al comportamiento arbitrario de la autoridad investida de la facultad de mando y de la fuerza pública (Tena Ramírez,1993); un mecanismo de protección de la Constitución y de los derechos y garantías que ella integra, por tanto, un mecanismo de control de constitucionalidad frente al accionar del poder público, y a la vez una forma de tutela de la Ley Suprema (Burgoa Orihuela, 1943, reimp. 2012); un factor coadyuvante con la democracia y el Estado Social y Democrático de Derecho ya que este requiere no solo de un sistema de legalidad, sino también de un conjunto de medios de protección y garantías de Derechos Fundamentales (Alarcón Requejo, 2011).

Las conceptualizaciones sobre el amparo no se agotan en las referidas anteriormente ya que se puede hablar de este escudo constitucional como un juicio constitucional que protege los derechos reconocidos en la legislación, dependiendo del ordenamiento constitucional de cada país. Así la esfera o esferas proteccionistas se podrían clasificar en cuatro bloques: los que solo protegen derechos constitucionales; los que protegen derechos constitucionales y los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, los que protegen los derechos mencionados antes y los reconocidos en la legislación secundaria y los que protegen los mencionados anteriormente además de los que no están normativizados, ya que las personas y las colectividades son sujetos de derechos por su naturaleza y condición humana.

En este escrito no se profundizará sobre cada una de estas conceptualizaciones y alcances del amparo. Solo se mencionan para dimensionar la importancia de este instituto jurídico en la consolidación de un Estado que respeta el orden jurídico y los derechos humanos reconocidos por la comunidad de naciones y los sistemas legales internos y cómo la población gobernada puede ejercer su ciudadanía desde este mecanismo de control constitucional.

Lo que se pretende destacar en estas líneas es que el amparo no siempre existió como la figura jurídica que hemos descrito, sino que es una institución del derecho que es el resultado de un proceso evolutivo complejo, lento y a la vez progresivo en las dimensiones cultural, social y jurídica de la humanidad pero sobre todas las cosas, es el producto de la toma de conciencia de las sociedades y de los ordenamientos jurídicos es parte de la evolución del reconocimiento de que los seres humanos son titulares de los derechos individuales y colectivos, y de que estos deben estar protegidos constitucionalmente frente a las acciones y omisiones de las instituciones del Estado, de sus representantes y de quienes ejercen el poder.

Hemos llegado a la conclusión de que el amparo es el resultado de una evolución cultural, social y jurídica después de hacer un recorrido por los estudios y análisis de una gran cantidad de juristas e investigadores. Solo para mencionar algunos de ellos y ellas: Burgoa Orihuela (1943, reimp. 2012), Ferrer Mac-Gregor (2009), Fix-Zamudio (2001), García de Enterría (1985), García López  y  Malagón Pinzón (2009), Gómez Espelosín (2001), Gudiño Pelayo (2005), Herrerías Tellería (1955), Jarquín Orozco (2014), Lumbierres Subías (2005), Malagón Pinzón (2003), Noriega Cantú (1978), Remolina Roqueñí (2014), Soberanes Fernández y Martínez Martínez (2002), Vargas Iturbide (1957).

El amparo se configuró como una institución protectora de Derechos Humanos como resultado de un proceso cultural, porque analizando la época antigua en los Estados orientales y occidentales, se puede identificar que no existía el amparo ni instituciones similares, ya que la mayor parte de la humanidad no era considerada como persona o sujetos de derechos, sino como esclavos u objetos comerciales. Sin embargo, es en este contexto donde empezaron las primeras acciones libertarias que buscaban protección o amparo frente al Estado esclavista. Es ahí donde se encuentran vestigios muy remotos en distintos contextos geográficos, históricos y culturales que después con el devenir de los siglos se convirtieron en instituciones antecesoras y luego en figuras similares al amparo, hasta llegar a su nacimiento.

Todo esto es producto de la evolutividad social, porque en la medida en que la humanidad tomó conciencia de sus derechos y de que estos eran violentados por el poder público, exigió libertad y mecanismos de protección frente a quienes les oprimían en el Estado feudal. Fue así como en la época medieval, en España, Francia, Inglaterra y en varios países de Europa se fueron creando mecanismos proteccionistas de derechos frente al monarca, que sirvieron como antecedentes del amparo. Además, surge de la derivación de transformaciones legales, porque en la medida en que el ordenamiento jurídico internacional avanzó en la normativización de los derechos, incorporándose en cartas o en declaraciones universales. Esto obligó al Estado liberal a crear garantías que permitieran la exigibilidad de respeto a la Ley Superior y a los derechos en ella establecidos, en Inglaterra, Francia, Estados Unidos y en el resto del mundo occidental.

El amparo tiene sus raíces más recientes en muchas influencias, como la norteamericana, inglesa y francesa, aunque estas últimas influyeron de forma secundaria. De forma primaria sus antecedentes y orígenes principales están en el derecho español, en los reyes o reinos de Castilla, en los reyes o reinos de Aragón, en las Siete Partidas y en las Leyes de Toro, en cuanto a su nombre, características, finalidad, operatividad y naturaleza.

El amparo tiene su génesis como institución de derecho en México, en un proceso de construcción que se inicia en el siglo XIX en el virreinato de la Nueva España, hasta llegar al México independiente, y nace por primera vez en la Constitución de Yucatán en 1841, que posteriormente se extendió a nivel federal, en el acta constitutiva y de reforma el 18 de mayo de 1847, y luego en la Constitución de Federal de 1857 y de 1917. Desde entonces se ha extendido a casi a todas las constituciones de América Latina y más allá, llegando a varios continentes como una figura  que contribuye con los sistemas de control constitucional y la supremacía de la Constitución en los Estados democráticos y constitucionales de derechos.

El amparo en Nicaragua, al igual que en México y a nivel internacional, es producto de un proceso de evolución y progresión social, cultural, política y jurídica. Nuestro país es uno de los herederos, de la influencia española y mexicana en cuanto a la configuración del amparo como instrumento de protección de los derechos, de las garantías constitucionales, y como mecanismo de control de constitucionalidad.

El amparo en Nicaragua surge cronológicamente, casi en la misma fecha en que nace en México, a finales del siglo XIX en La Libérrima, en 1893, y reglamentada bajo una Ley Constitutiva de Amparo dictada por la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio de 1894. Nace al igual que en México, en contexto de revolución, de influencia de la doctrina liberal y de reconocimiento de derechos y de garantías individuales. En esto coinciden diversos estudiosos del Derecho Constitucional nicaragüense entre ellos: García Palacios (2011), Escobar Fornos (1999) y Esgueva Gómez (2005).

En Nicaragua el proceso teleológico del amparo desde su nacimiento y su continuidad histórica como mecanismo de protección de la Constitución, ha sido dialéctico, ha tenido sus avances y retrocesos, dependiendo del modelo político que ha gobernado el país. Es a partir de la Constitución Política de 1987 y sus reformas, y su Ley constitucional reguladora ―Ley de Amparo de 1988 y sus reformas―, que el amparo se ha consolidado constitucionalmente como una herramienta de protección de la supremacía constitucional, de control de constitucionalidad, y de resguardo de los derechos y garantías constitucionales.

El amparo en Nicaragua ha estado ligado a la evolución del constitucionalismo nacional y de la aprobación de los tratados internacionales de Derechos Humanos por parte del Estado; ha existido un proceso paralelo entre la aprobación de las diez constituciones vigentes en su contexto y sus respectivas leyes de amparo. Estas siempre han tenido naturaleza constitutiva, hoy constitucional. En el país, en la medida en que se ha aprobado una nueva Constitución, la posterior asume los derechos y garantías de la anterior y agrega nuevos, igual ocurre con las leyes de amparo: las posteriores han perfeccionado a las anteriores, aunque esta dinámica evolutiva no ha sido lineal, ya que en algún momento se han dado involuciones en la protección de derechos.

Las leyes de amparo siempre han definido la naturaleza, objeto, características, requisitos, tramitación y resolución del amparo. En la medida que ha avanzado la historia, esas definiciones se han perfeccionado, ya que el amparo en sus inicios asumía la naturaleza y alcance de gran parte de los recursos constitucionales vigentes. De ahí el nombre de la Ley: Ley de Amparo. Hoy se han creado recursos específicos, como el de inconstitucionalidad, habeas corpus, habeas data y otros, que desconcentran las facultades del amparo original, dejando a este último recurso una protección más centralizada en la tutela de los derechos y garantías constitucionales.

La actual Constitución Política y sus reformas, en la historia de Nicaragua, es la que más ampliamente ha integrado derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, reconociendo taxativamente una serie de instrumentos universales y regionales de Derechos Humanos, así como el principio de supremacía constitucional y los recursos de protección constitucional. Del mismo modo, la Ley de Amparo vigente y sus reformas han regulado con mayor precisión el amparo, en cuanto a su naturaleza, objeto, procedencia, improcedencia, legitimación, competencia, suspensión del acto reclamado, tramitación, sentencia y sus efectos.

A pesar de ello, la Ley de Amparo vigente debería ser reemplazada para ajustarse aún más a la Constitución, ya que existen algunas aparentes contradicciones entre ambas normas jurídicas, y debería incluir algunas garantías y derechos reconocidos en las últimas reformas constitucionales de 2014, más aún cuando estas reformas mandan a crear una nueva Ley de Justicia Constitucional que derogue la Ley de Amparo vigente.

En el momento de la construcción de este artículo, se presentó a la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley de Justicia Constitucional y se ha iniciado su proceso de formación de Ley, seguro de esta norma jurídica fortalecerá las conceptualizaciones y alcances del recurso de amparo, superará sus limitaciones, incorporará nuevas disposiciones proteccionistas de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, contribuirá con la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho y la vigencia de los Derechos Humanos en Nicaragua.

Referencias Bibliográficas

Alarcón Requejo, G. (2011). Estado de derecho, Derechos Humanos y democracia.: Pautas

para la racionalidad jurídico-política desde Elías Díaz. Madrid: DYKINSON.

Burgoa Orihuela, I. (1943, reimp. 2012). El juicio de amparo. México: Porrúa.

Escobar Fornos, I. (1999).  Derecho procesal constitucional, la Constitución y su defensa. Managua: Hispamer.

Esgueva Gómez, A. (2005, agosto). Contexto histórico de las constituciones y sus reformas en

Nicaragua. De Derecho Universidad Centroamericana UCA, (10), 1-19.

Ferrer Mac-Gregor, E. (2006). El amparo iberoamericano. Estudios Constitucionales.

Ferrer Mac-Gregor, E. (2009). El amparo iberoamericano. Red Estudios Constitucionales.

Fix-Zamudio, H. (1992). Comentario al artículo 103 de la Constitución Política de los Estados

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Fix-Zamudio, H. (2001, febrero).  Los Derechos Humanos y su protección jurídica y procesal en Latinoamérica.

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García de Enterría, E. (1985). La Constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas.

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García Palacios, O. (2011a). Curso de Derecho Constitucional. Instituto de Estudio e Investigación Jurídica

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Tena Ramírez, F. (1993). La función del amparo mexicano en la protección internacional de los Derechos Humanos, Tomo 2. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, CNDH.

Vargas Iturbide, I. R. (1957). Organización política de los pueblos del Anáhuac (Tesis inédita de doctorado). Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

[1] El presente artículo es la síntesis de un capítulo de la tesis doctoral “Anotaciones históricas, conceptuales, alcances y límites del amparo: con énfasis en Nicaragua”, del suscrito autor.

 

Acerca de Carlos Emilio López

Doctorado en Derecho 2017. Uca. Diputado ante la Asamblea Nacional 2012 - 2017. Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia de la República de Nicaragua 1999 – 2005.
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