Sobre el Estado, la Gestión Pública y el Neoinstitucionalismo

La relación entre el mercado y el Estado es, en nuestro tiempo, clara y transparente. Atrás quedaron los debates sobre la condición individualista del primero y la representación del bien público del segundo (Uvalle Berrones, 2002: 310). Sus esferas de actuación están conectadas y no son islas independientes, mucho menos autárquicas. Tal relación es posible por la existencia de instituciones que estimulan o frenan los intercambios que realizan los individuos. En este sentido, el neoinstitucionalismo aparece como la teoría que explica tales relaciones, mediadas por conductos institucionales, ya que postula que las instituciones influyen en la decisión y desempeño económicos de individuos y países (Ayala Espino, 1999: 349 y 354). Un aspecto fundamental de esta teoría son las restricciones establecidas por las mismas instituciones: derechos de propiedad, costos de transacción derivados de la organización de acciones individuales o colectivas, y procesos políticos involucrados en la acción y la negociación colectivas. La relación, entonces, entre esta corriente teórica y la gestión pública, corpus teórico que ha venido a redefinir las tareas estatales, es natural debido a que las ideas fuerza de ésta provienen de la economía: “gerencialismo, descentralización, simplificación de la toma de decisiones, indicadores de desempeño, objetivos en términos de resultados, administración por resultados y uso de nueva tecnología en el gobierno” (Suk Kim, 2007: 516).

Con relación al papel del Estado en los circuitos económicos, el neoinstitucionalismo construye y explica los marcos institucionales de los mercados, precisamente, para garantizar los derechos de propiedad y las formas, tiempos y modos de sanción cuando se violan las reglas establecidas (Uvalle Berrones, 2002: 315). De esta manera, y considerando la relación Estado-mercado, la gestión pública, posibilita la solución de problemas de la esfera de los mercados por medio de “decisiones y acciones que de manera continua adoptan los gobiernos y se relacionan con la vida productiva y social en términos de institucionalizar la interacción de los agentes productivos y la autoridad pública” (Uvalle Berrones, 2002: 317); en otras palabra, de políticas.

Se observa, así, que el Estado no posee el monopolio en la provisión de servicios públicos, sino que participa activamente, no sólo como un agente regulador, en la competencia en el mercado donde participan entidades públicas y agentes privados y, con mayor frecuencia, asociaciones público-privadas (APP). De esta forma, la gestión pública, redefine las funciones estatales e intenta incrementar la capacidad de gestión del Estado, por medio de la entrada de nuevos actores: ciudadanos y agentes privados, y busca profesionalizar a la burocracia; en fin, trata de rediseñar al Estado (CLAD, 2000: 18) por medio de mecanismos de tipo mercado que buscan mayor eficiencia, calidad y opciones para los consumidores (Vicher, 2015: 73).

Recordemos que los actores participantes en el mercado eligen sus opciones con base en la racionalidad. Lo mismo habrá de suceder con los administradores: deberán echar mano de su racionalidad para tomar decisiones de política pública que robustezca su capacidad para gobernar, en donde cada vez más habrá un número de actores no gubernamentales, diseñando e implementando políticas y complejizando su éxito aunque no necesariamente impidiéndolas (Peters, 2003: 10). ¿Estamos ante un nuevo paradigma? Lo cierto es que la gobernanza y, como paso previo, la gestión pública, representan una manera de conducción social, tarea que, como dijimos arriba, no es exclusiva de las entidades públicas.

En suma, los modelos para gobernar se transforman junto con la sociedad. Se ha pasado de un modelo tradicional de gobernanza, en donde el Estado fue la principal fuente para la sociedad, y los ciudadanos se involucraban de forma indirecta en la definición de las metas, a uno en donde se involucran más actores societales (Peters, 2003: 17 y 20). Así, tenemos que el retraimiento del Estado ha hecho que los agentes privados provean activos de infraestructura pública para períodos de dos o tres décadas; por ejemplo, en México, las modalidades de las APP son: concesiones; outsourcing, y proyectos de impacto diferido en el registro del gasto. Todo esto hará que los administradores públicos y, a la postre, el Estado todo, configure una nueva racionalidad basada en optimizar tareas y mejorar resultados, y fortalecer sus instituciones.

BIBLIOGRAFÍA

Ayala Espino, J. (1999). Instituciones y economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. México: Fondo de Cultura Económica, 397 pp.

CLAD. (2000). La responsabilización (“accountability”) en la nueva gestión pública latinoamericana. Buenos Aires.

Peters, B. G. (2003). La capacidad para gobernar: ¿retrocediendo hacia el centro? Revista del CLAD Reforma y Democracia (27): 6-31.

Suk Kim, P. (2007). Desafíos de la capacidad pública. Gestión y Política Pública XVI (2): 511-537.

Uvalle Berrones, R. (2002). Estado y mercado: Instituciones fundamentales para la gestión pública en una sociedad democrática. Revista Venezolana de Gerencia VII (18): 309-324.

Vicher, D. (2015). Empresas públicas y asociaciones público-privadas en México. En Guajardo, G. & Labrador, A. (Coords.). La empresa pública en México y en América Latina: entre el mercado y el Estado. México: UNAM/INAP: 69-84.

Acerca de Eduardo Torres Alonso

Secretario Técnico del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos. Universidad Nacional Autónoma de México.
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