Venezuela, la división de poderes y la comunidad internacional

Uno de los elementos característicos de cualquier democracia es la división de poderes y el sistema de controles o check and balance derivado de dicha división. Desde hace mucho tiempo vemos que en Venezuela esa separación entre los poderes públicos se ha ido desdibujando hasta desaparecer casi por completo. Lo sucedido a partir de enero de 2016 con la instalación de un nuevo parlamento, el intento de convocatoria de un referendo revocatorio al presidente y luego un proceso de diálogo fallido entre oficialismo y oposición, no ha hecho sino mostrar el deterioro profundo del sistema democrático en Venezuela y la importancia del apoyo internacional en aras de la recuperación de la institucionalidad en el país.

Desde la instalación de la Asamblea Nacional, luego de las elecciones del 6 de diciembre de 2015, en las que la oposición venezolana, agrupada en la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), obtuvo una mayoría de 112 diputados (2/3 del total), mientras la fracción oficialista del PSUV solo 55 diputados, esta ha confrontado dificultades para el ejercicio de sus funciones, tales como restricciones presupuestarias y fundamentalmente un conjunto de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que buscan limitar sus facultades, tanto en lo que se refiere al control político que puede ejercer el parlamento como anulando o declarando inconstitucionales las leyes o reformas de leyes sancionadas y declarándola en desacato. Mención aparte requiere lo sucedido con los diputados del estado Amazonas cuya elección fue impugnada por el PSUV y luego por una sentencia de la Sala Electoral del TSJ fueron desincorporados. De este modo, la oposición perdió la mayoría calificada de diputados.

Ante un entorno nada favorable para el partido oficialista, en el año 2016 debían celebrarse elecciones regionales. Sin embargo, esto no ocurrió. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no convocó a esas elecciones. La oposición, por su parte, se volcó en promover un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, pero esto no prosperó debido a diversas trabas en las fases de la convocatoria[1].

Al siguiente año, el 28 y 29 de marzo de 2017, el TSJ publicó las sentencias 155 y 156, en las que dejó por sentado que la actuación de la Asamblea Nacional no tiene validez por encontrarse en desacato, y estableció que sería la Sala Constitucional del TSJ el órgano que ejercería las funciones de la Asamblea. Esas sentencias suscitaron una importante reacción internacional. Los países de la región se pronunciaron sobre la alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela. Perú retiró a su embajador y otros países llamaron a sus embajadores a consultas. El Consejo Permanente de la OEA se reunió y adoptó por consenso una resolución en la que consta la urgencia al gobierno a garantizar la separación de poderes y restaurar la autoridad de la Asamblea Nacional. Mercosur también hizo un llamado al restablecimiento del orden democrático.

Mientras esto sucedía en el ámbito institucional, en la sociedad venezolana se producía una reducción significativa del poder adquisitivo— que continúa —debido a la inflación que el gobierno ha sido incapaz de contener, a lo que se ha unido una considerable disminución en el suministro de alimentos básicos y medicinas. Ello ha afectado tanto a las clases bajas como a las clases medias. El control cambiario mantenido desde el año 2003 y las políticas económicas en general junto a la caída de los precios del petróleo son algunas de las razones que explican esta situación.

En las calles de Venezuela, el descontento se ha expresado a través de protestas convocadas por la oposición. Luego de un mes de manifestaciones en Caracas y en el interior del país, las que han sido fuertemente reprimidas, dejando como saldo personas detenidas, heridas y más de treinta fallecidos[2]; la oposición se mantiene en la calle exigiendo la restitución de la democracia. El presidente Maduro por su parte anuncia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, lo que ha sido catalogado por la oposición como una continuación del golpe de Estado que causa mayor inquietud a nivel internacional.

En medio de este clima de crisis política se han producido acciones con objetivos conciliadores a nivel nacional e internacional. En el tercer trimestre de 2016 se anunció el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que sería acompañado del Vaticano, UNASUR, y los ex presidentes Leonel Fernández, Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero. El primer encuentro se celebró el 30 de octubre en Caracas. La segunda sesión fue el 12 de noviembre. En ella se establecieron cinco acuerdos relacionados con medidas para el abastecimiento de alimentos y medicinas; solución del caso de los diputados de Amazonas y nombramiento de dos rectores del CNE; integridad territorial, adopción de la declaración conjunta “Convivir en Paz” y reforzar el diálogo incorporando a otros sectores de la sociedad (empresarios, gremios).  El siguiente encuentro se fijó para el 6 de diciembre, pero en esa ocasión las partes se reunieron de forma separada con los facilitadores y no hubo plenario. La oposición señaló que el gobierno no había cumplido con los acuerdos[3]. Finalmente en enero, la MUD da por terminado el diálogo por el incumplimiento de los acuerdos.

Durante la crisis se ha discutido en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cómo ayudar a resolverla, considerando  la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. También desde la Unión Europea se han pronunciado. La Alta Representante de Asuntos Exteriores y Seguridad Común ha solicitado la celebración de elecciones y la liberación de los presos políticos.  La comunidad internacional ha seguido con atención los acontecimientos y ha expresado su preocupación por la represión a la protesta por parte de las autoridades y de grupos paramilitares que actúan al margen de la ley. Asimismo, reiteran su disposición de ayudar en la salida de la crisis política, tal como se pone de manifiesto en la Resolución del Parlamento Europeo del 27 de abril, en las declaraciones de la Alta Representante de Asuntos Exteriores de la UE y en la convocatoria a una reunión de Cancilleres en el seno de la OEA[4]. El Vaticano ha señalado la importancia de tener condiciones claras para una negociación, posición que es compartida por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. El secretario de Estado de los Estados Unidos también expresó el interés de su gobierno de encontrar una solución inmediata. Todo lo anterior solo muestra la alarma nacional e internacional que se respira en el país. 

Referencias: 

Asamblea Nacional, 2016. 40 decisiones del TSJ buscan deslegitimar el trabajo de la Asamblea.

El Universal, 2016.

Hernández, José Ignacio, 2017. Sentencia 156: el TSJ usurpa funciones de la Asamblea Nacional.

[1] La primera fase consistió en la recolección de firmas del 1% del padrón electoral, lo que fue impugnado por el oficialismo. Los tribunales regionales sin competencia en materia electoral admitieron la querella. Tras esta decisión judicial, el CNE suspendió de forma indefinida la continuación del proceso de convocatoria al referendo.

[2] La ONG Foro Penal contabiliza 1.845 arrestos del 1 de abril al 6 de mayo. 591 personas continúan detenidas. La Fiscalía registra 35 fallecidos y 717 lesionados hasta el 6 de mayo. A medida que la protesta se extiende en el tiempo, la represión se ha incrementado. Los cuerpos de seguridad usan las armas para atacar directamente a manifestantes, no para dispersar las protestas. Diputados opositores también han sido objeto de estos ataques. La protesta del 3 de mayo en Caracas ha sido la de mayor represión hasta el momento, dejando más de 300 heridos (incluyendo diputados y periodistas que cubrían la manifestación) y un joven de 17 años fallecido. Esta protesta tenía como destino la Asamblea Nacional, sin embargo, no logró salir del lugar de convocatoria, lo que ha sido una de las constantes en las manifestaciones en Caracas.

[3] El Universal, 2016.

[4] Debido a esta convocatoria el Gobierno de Venezuela tomó la decisión de retirarse de la OEA.

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